Ante esta situación, la organización ecologista ha exigido al Ministerio de Industria que descarte el proyecto del Real Decreto y ha solicitado a los partidos que aspiran a gobernar tras las próximas elecciones que, en caso de aprobarse el RD, se comprometan a derogarlo y reemplazarlo por una normativa que favorezca el autoconsumo, las energías renovables y el ahorro energético.
"Es inaceptable que Industria pretenda que los autoconsumidores paguen por duplicado los costes que tiene el sistema eléctrico: cuando consumen energía de la red pero también cuando consumen la energía que ellos mismos producen. Esto no es un problema técnico, sino una declaración política que intenta poner freno a los consumidores que quieran producir su energía y de esa manera ganar autonomía frente a las grandes eléctricas", ha declarado Marina Bevacqua, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
"Además, el texto promovido por el ministro Soria permanece ambiguo y complejo para provocar miedo en quienes se estén planteando esta forma de consumo energético", ha añadido.
Greenpeace explica que este texto penaliza a tres tipos de autoconsumidores. El primero es la modalidad de suministro con autoconsumo, que son aquellas personas que generan energía y la autoconsumen y que no tienen una potencia contratada mayor a 100kW (pequeña potencia); la segunda es la modalidad de producción con autoconsumo, que son aquellos que no solo autoconsumen sino que tienen una instalación de producción inscrita.
Y en tercer lugar, la modalidad de producción con autoconsumoconlínea directa a una instalación de producción. Si bien Greenpeace considera esta nueva posibilidad un avance, en el borrador se ve tan penalizada como la modalidad anterior.
La organización critica que el proyecto se basa el cobro del 'impuesto al sol' en el concepto del sufragio de los costos del sistema, gastos que tanto Greenpeace como otras organizaciones cuestionan y ya solicitaron que se investigara con una auditoría al sistema energético.
EL CASO DE LAS REGIONES EXTRAPENINSULARES
Por otro lado, Greenpeace considera positivo del Real Decreto el hecho de que Ceuta, Melilla, las Islas Baleares y el archipiélago canario queden exentas de parte del pago del 'impuesto al sol', aunque señala que solo sería hasta diciembre de 2019. Eso permitirá fomentar la participación de fuentes renovables en estas zonas, según han apuntado.
La organización ecologista está promoviendo un cambio de modelo energético en áreas extrapeninsulares como las Islas Canarias, donde los costes de generación con combustibles fósiles son mucho mayores que con renovables. Así, explica que en este archipiélago todos los partidos excepto el PP se han comprometido por escrito con Greenpeace a llevar a Canarias a un modelo 100 por ciento renovable para el año 2050.