La ONG lamenta que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente vele "solo" por los intereses de las flotas destructivas y de la espalda a los pescadores sostenibles, posicionándose al lado de las grandes propietarias de buques industriales. Por ello, solicita a este Departamento que para cumplir las exigencias de la Política Pesquera Común, publique los criterios ambientales y sociales que tendrá en cuenta a la hora de distribuir las cuotas y el informe de evaluación de la capacidad de la flota española.
La herramienta es confidencial, sencilla y segura, para que el miedo a represalias no sea un elemento que impida a los testigos de los abusos cometidos en el mar contar lo que han visto. Con la iniciativa, Greenpeace quiere recopilar información y entregársela a las autoridades competentes una vez analizada, para "evitar que los mares y océanos sigan siendo expoliados por los propietarios de las grandes flotas pesqueras industriales, causantes de problemas como la sobrepesca".
La organización denuncia que las flotas industriales no solo causan graves impactos medioambientales en los lugares en los que operan sino que también afectan a los pescadores sostenibles locales que dependen de ellos.
La responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, Marta González, ha manifestado que los pescadores sostenibles de lugares tan lejanos de Europa como Kiribati, ven como año tras año sus capturas disminuyen a medida que aumentan las de los buques industriales europeos, "como el Albacora I o el Albatún III, que operan en sus aguas con métodos de pesca abusivos como los FAD".
Además, la ONG destaca que también en los países en los que se vende ese pescado capturado por las flotas industriales, como en España, los pescadores sostenibles también se ven afectados porque su pescado compite en el mercado con el de menor precio (gracias a las subvenciones) capturado de forma no sostenible.