"Con esta nueva sentencia del TSJA, se demuestra como lejos de ser la víctima de la demolición de hotel ilegal de El Algarrobico, el Ayuntamiento de Carboneras ha dedicado recursos públicos para tratar de legalizar la obra", ha declarado en una obra el portavoz de Greenpeace, Julio Barea.
El TSJA ha resuelto recientemente que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) de 2008 es conforme a derecho con la única excepción de la calificación dada al sector ST-1 o 'Algarrobico' que, como ya resolvió en firme el Tribunal Supremo (TS), es nula ya que le corresponde la que tenía en la misma norma de 1994, "área ambientalmente protegida".
Según ha recordado Greenpeace, el Ayuntamiento de Carboneras presentó en mayo de 2008 un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la Consejería de Medio Ambiente por el que se aprobaba el PORN y el Plan Rector de Usos y Gestión del mismo.
En su demanda el Ayuntamiento "pedía incluso que se reconozca una indemnización a favor del Ayuntamiento de Carboneras por los daños y perjuicios causados por la nueva zonificación de los terrenos que conforman los Sectores ST l- y ST -2 clasificados como suelo urbanizable en el PGOU de Carboneras, lo que "también ha sido desestimado por el TSJA".
"Esta sentencia se suma ya a las 21 que existen en contra del hotel ilegal, que evidencian la cadena de irregularidades que algunas administraciones han intentado para favorecer un negocio privado que supone un grave ejemplo de destrucción de nuestras costas", ha añadido la organización ecologista.
Greenpeace ha recordado que el Ayuntamiento de Carboneras aprobó el plan parcial para urbanizar la playa del Algarrobico "sin respetar la Ley de Costas, liberando a la promotora Azata del Sol del 99 por ciento del pago de impuestos municipales, declarando el suelo urbanizable". En 2013, Greenpeace pidió a la Junta de Andalucía que retirase las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras por "su negativa a cumplir con las sentencias judiciales que obligaban a declarar el terreno como no urbanizable".