Por el momento de los detenidos, 17 han sido imputados, tres de ellos funcionarios de la Policía y del Estado destinados en la citada oficina, que tenían acceso a los trámites fraudulentos a cambio de supuestas comisiones económicas.
Las otras 14 imputaciones se refieren a un grupo jerarquizado formado por personas de origen árabe en cuyo vértice se encuentra T.N., y que ejercía de enlace, mientras que el resto eran captores de clientes.
La operación, denominada "Huellas" duró diez horas y consistió en cinco registros domiciliarios en los que la Benemérita se ha incautado de numerosa documentación fraudulenta en un caso en el que se ha descubierto la regularización incluso de inmigrantes con causas pendientes con la justicia o que estaban en busca y captura.
Las denuncias llegaron a la Guardia Civil a través de las denuncias que efectuaron unos particulares hace seis meses, y la denominación "Huellas" se debe a que tales irregularidades de trámites administrativos gestionados en el inmueble de la Oficina de Extranjería de Murcia se enmarcaban en el proceso de estampación de la huella digital, así como en el de la concesión y renovación de los permisos de residencia.
Inicialmente los detenidos fueron 36, si bien fueron liberados tras declarar aquellos que habían pagado por la compra de documentos falsos o que habían realizado los trámites de forma irregular, mientras que el resto pasaron a disposición del juzgado de guardia.
El vicesecretario de Sectorial del Partido Popular de la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, dijo hoy a EFE que "a diferencia de otras ocasiones anteriores en que antes de la información oficial ya había filtraciones a la prensa, esta vez sí se hayan desarrollado las actuaciones policiales con discreción y se ha mantenido intacto el secreto de sumario", por lo que afirmó que parece haber diferentes varas de medir "según sea una oficina del Estado o no".