La organización ha pedido al Gobierno de Kenia que investigue las atrocidades cometidas en este conflicto por parte de los militares kenianos y de los rebeldes de la Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot (SLDF), y ha instado al Tribunal Penal Internacional (TPI) a que lance una investigación si Nairobi rechaza esta petición.
HRW criticó en un informe que las familias de los desaparecidos no han recibido ayuda para saber la verdad. "Las promesas de los familiares de las víctimas son las mayores cicatrices de la violencia en Monte Elgon", denunció el director para África de HRW, Daniel Bekele.
"Sin cuerpos que incinerar, sin certificados de defunción y sin reconocimiento oficial por la pérdida de sus familiares, estas familias están en un limbo legal y psicológico", señaló. El informe critica que las autoridades kenianas no hayan llevado a cabo una investigación por los secuestros de la SLDF y las desapariciones forzosas perpetradas por el Ejército del país.
La insurgencia en el Monte Elgon comenzó en 2006 cuando el Gobierno intentó echar a una serie de personas que ocupaban de forma ilegal varias tierras. La milicia atacó a miles de civiles que supuestamente apoyaban a Nairobi y a los que sometió a violaciones, asesinatos y mutilaciones.
Ante las elecciones presidenciales de diciembre de 2007, la insurgencia llevó a cabo una campaña de intimidaciones para conseguir que el Movimiento Democrático Naranja (ODM) ocupase los principales cargos en los órganos locales. El Ejecutivo comenzó en enero de 2008 una campaña de represión en la que se produjeron cientos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
Entre 2006 y mediados de 2008, la SLDF podría haber matado a 750 personas, mientras que el Ejército habría acabado con la vida de 270. HRW denuncia que más 300 personas siguen desaparecidas, casi 200 en acciones del Ejército y unas 126 a manos de la guerrilla.
Los enfrentamientos cesaron a mediados de 2008 cuando la comunidad internacional y asociaciones de Derechos Humanos comenzaron a denunciar los violentos ataques por ambas partes. El Ejército y la Policía aseguraron entonces que llevarían a cabo investigaciones independientes, pero ambos cuerpos han negado cualquier implicación en abusos y ningún efectivo ha sido juzgado.
SOLO CUATRO CONDENADOS
A pesar de que se detuvo a unos 3.000 hombres y niños por participar supuestamente en actos de la SLDF, solo cuatro han sido condenados por asesinatos y un pequeño número por pertenencia a banda armada. Además, las familias denunciaron que el Ejecutivo les ha impedido hacerse con certificados de defunción de las víctimas, por lo que no pueden recibir compensaciones o la herencia de sus familiares.
HRW señala en el informe que ante la ineficacia de la justicia keniana, el TPI debería investigar dichos enfrentamientos, como ya está implicado en la violencia postelectoral desatada en 2007. "Si el Gobierno no puede proporcionar justicia a las víctimas del Monte Elgon cuyas familias han esperado durante tres años, los organismos regionales e internacionales deberían intervenir", señaló Bekele.