Según informa el instituto armado en un comunicado, los hechos se iniciaron en noviembre a instancias de la Jefatura Provincial de Tráfico tras identificar en un trámite a una persona fallecida, ya que supuestamente en la solicitud de baja temporal por entrega a compraventa la gestoría había adjuntado un documento denominado mandato de representación, donde acreditaba que el titular del turismo, fallecido el día 3 de septiembre de 2007, había firmado el 28 de mayo de 2013 dicho documento.
Las primeras pesquisas se centraron en el concesionario y en los hijos del fallecido y averiguaron que éstos habían entregado el vehículo para el Plan PIVE, no con destino a una compraventa de la provincia de Sevilla y no reconociendo tampoco las firmas que aparecían en los documentos que facilitaban los poderes a la gestoría.
Por estos hechos, ha sido imputada A.S.R. como representante legal de la gestoría por dos presuntos delitos de falsedad documental.