Así consta en una respuesta escrita, consultada por Europa Press, ofrecida desde el Congreso a la 'número dos' del Grupo Socialista en el Congreso en materia de violencia de género, la diputada por Madrid Ángeles Álvarez, en la que se indica que sí se realizó una valoración de riesgo del caso, si bien "una vez empleadas las herramientas y formularios disponibles" el sistema "arrojó un resultado de nivel de riesgo 'No apreciado'".
Recientemente, el Ejecutivo confirmó también que el acusado tenía en vigor una orden de prohibición de aproximación y comunicación a la víctima por un periodo de tres meses que había sido impuesta 23 días antes del crimen por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y de Violencia sobre la Mujer de Berja.
De hecho, el detenido había permanecido bajo arresto domiciliario hasta horas antes de perpetuarse el presunto asesinato, ya que violó dicha orden de alejamiento, que tenía vigencia hasta el 21 de octubre. Ante esto, el Gobierno remarca en su respuesta que "condena todos los actos de violencia de género y trabaja con intensidad en su persecución y erradicación".
María del Carmen M. falleció degollada presuntamente a manos de su expareja, quien, al parecer, le esperaba oculto en el portal de acceso a su domicilio en la madrugada en la que se produjo el crimen durante la celebración de las fiestas patronales. El cuerpo sin vida de la víctima número 32 de la violencia de género este año en España fue encontrado por sus familiares.