Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, los arrestados por este tipo de delitos suelen enfrentarse a peticiones de siete años de cárcel, con lo que la encarcelada debería ser juzgada por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en la ciudad autónoma, que tiene su agenda de vistas orales llena hasta principios del año próximo.
N.M.A. atravesó con su utilitario el martes a las 23,15 horas el puesto de control documental de la Policía Nacional en la frontera del Tarajal y, al llegar al punto de revisión fiscal de la Benemérita, los funcionarios de servicios sospecharon que pudiese haber practicado algún doble fondo en su automóvil para ocultar migrantes.
Al inspeccionar el interior el coche se encontraron, encajonado bajo los asientos traseros, a un varón mayor de edad procedente de Camerún que no hubiese podido abandonar el habitáculo en el que se encontraba sin ayuda exterior, con el consiguiente riesgo para su vida.
El Código Penal prevé para quien, "directa o indirectamente", promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro país de la Unión Europea, penas de entre cuatro y ocho años de prisión.
Cuando las conductas señaladas se ejecutan "con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de especial vulnerabilidad de la víctima, o poniendo en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas" las condenas se contemplan "en su mitad superior", de seis a ocho años de cárcel.