La portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso en materia de medio ambiente, Laia Ortiz, ha presentado junto con varias organizaciones ecologistas un texto alternativo a la reforma energética planteada por el Gobierno, que incluye nuevos impuestos sobre energía nuclear o el uso de las bolsas de plástico de un solo uso, entre otros.
Se trata de una enmienda a la totalidad en la que se pide al Ejecutivo la devolución del texto presentado y además, se plantea un texto alternativo al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en línea con las directivas europeas en la materia.
Es un trabajo conjunto con organizaciones ecologistas que se inició en 2009 con el ex diputado de ICV, Joan Herrera y que el PSOE rechazó en la anterior legislatura, según ha detallado Ortiz.
Así las cosas, acompañada de WWF/España, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, Amigos de la Tierra y CC.OO., Ortiz ha criticado que el texto planteado por el Ejecutivo es "confuso y demagogo", a la par que "incoherente", porque promete una sostenibilidad energética que "en realidad" no desarrolla en el proyecto de ley, además de que perpetúa un modelo energético "injusto" que ha llevado a España a la crisis y no tener en cuenta el cambio climático.
A su juicio, el texto del Gobierno "castiga por enésima vez" a las energías renovables y "las demoniza" porque grava de forma generaliza a todas las energías, pero sin tener en cuenta a las eficientes y sostenibles, como las renovables o energías limpias. "Es una ley perversa que no avanza en el objetivo que plantea en su titular", ha puntualizado.
TAMBIÉN ALTERNATIVA A LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Por ello, la diputada ha insistido en que este texto alternativo que propone no sólo supone una alternativa al proyecto de ley presentado por los 'populares' sino también a la política medioambiental que está desarrollando el Gobierno del PP.
Aunque no ha podido precisar cuánto dinero podría recaudarse con estos nuevos impuestos, Ortiz sí ha recalcado que lo importante de la propuesta es que se conseguiría actuar sobre las vías por las que se obtiene dicha recaudación, favoreciendo una economía más sostenible, se mejoraría la competitividad del sistema, aparte de concienciar a las personas medioambientalmente.
Según puntualiza, los ingresos que se deriven de la iniciativa no tendrían un destino finalista por lo general, sino que irían a las arcas del Estado, de las comunidades o de los municipios, con la excepción únicamente del impuesto sobre la energía nuclear, que se destinaría parcialmente a un fondo estatal para la reactivación de las zonas donde se ubican las centrales nucleares.
El coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha detallado así que esta enmienda acomete cambios en el actual marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales en impuestos existentes, crea nuevas tasas impositivas, a la vez que reforma con criterios medioambientales la fiscalidad de las haciendas locales.
En los impuestos existentes, sugiere eliminar la exención que hasta ahora tenía el impuesto de hidrocarburos en vuelos domésticos y aumentar las tarifas de fuelóleo. Mientras, en el impuesto de matriculación refuerza el tipo impositivo en función de los niveles de emisión de CO2 de cada vehículo.
Igualmente, introduce una deducción en el IRPF por adquisición de abonos de transporte público, y propone que se aplique el IVA reducido a la rehabilitación de edificios y viviendas protegidas, en lugar del normal.
En cuanto a las nuevas tasas, plantea un impuesto sobre la producción de energía nuclear y la generación, depósito y almacenamiento de residuos radioactivos, cuya recaudación se destinaría en parte a un Fondo para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales.
José Luis García, de Greenpeace, ha especificado en este sentido que ese nuevo impuesto se aplicaría al almacenamiento de residuos mientras estos fueran radioactivos o "peligrosos", más allá de gravar la introducción de residuos en el depósito. Precisamente, en la actualidad se está construyendo el primer almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en España, que estará situado en Villar de Cañas (Cuenca).
Igualmente, esta alternativa a la reforma energética del Gobierno propone un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, cuyos ingresos se cederían a las comunidades autónomas y del que se excepcionarían aquellas comunidades que ya lo tienen establecido.
Alodia Pérez, de Amigos de la Tierra, ha puntualizado en este sentido que, en España, el 57 por ciento de los residuos se incineran, frente al 33 por ciento que se destina al reciclaje y compostaje. A su juicio, una forma de desincentivar la incineración, perjudicial para el medio ambiente sería a través de la imposición de un nuevo gravamen.
Sobre las bolsas de plástico de un solo uso, Pérez ha introducido un nuevo tipo impositivo que sería similar al establecido en Irlanda, de modo que "el que contamina paga" y donde la recaudación no es privada como se emprende en algunos establecimientos sino pública, con tasas para invertir en proyectos medioambientales.
Es más, se idea un impuesto sobre el cambio del uso del suelo, para evitar el crecimiento urbanístico "desmesurado" fuera de los cascos urbanos. La recaudación se destinaría al Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, creado por Ley en 2007, al mismo tiempo que sugiere una tasa sobre sustancias de elevado nivel de preocupación, como las clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, entre otras.
LAS SEGUNDAS RESIDENCIAS: UN RECARGO
En referencia a las haciendas locales, Segura ha propuesto que la recogida de los residuos comerciales no los paguen los ayuntamientos, sino los propios comercios, además de que estas tasas se definan con criterios medioambientales.
Entre otras, también sugiere que los tipos del IBI se modulen en función del certificado energético del edificio y que una segunda residencia tenga un recargo. Igualmente, se define un impuesto sobre la pernocta, que gravaría la estancia en alojamientos turísticos, que se podría aplicar voluntariamente por parte de los ayuntamientos.
Preguntada sobre el céntimo verde en este texto alternativo, la diputada de ICV ha explicado que no es que esté en contra, sino que discrepa de las afirmaciones del Gobierno de que por instaurar en algunas comunidades ese tipo impositivo ya se está emprendiendo una fiscalidad verde.
"Montoro habla de fiscalidad verde y luego sólo pone sobre la mesa esta figura, pero debe ir acompañado de más cosas. Exclusivamente con el céntimo verde no se transforma el modelo", ha concluido.