Así lo ha anunciado el presidente de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, tras negarse a aplazar el juicio hasta el viernes, tal y como le ha pedido el letrado Íñigo Iruin basándose en que el fiscal ha retirado los dos escritos de conformidad alternativos que les habían ofrecido y no han podido preparar la defensa de sus representados.
"Hace quince días el fiscal, tras unas conversaciones previas, me hizo entrega de un texto manuscrito con dos calificaciones alternativas", ha explicado Iruin, que ha apuntado que las cinco defensas aceptaron una de las opciones.
"A mí, conversaciones de café, no", ha cortado tajantemente Guevara, aunque el letrado ha añadido: "si modificas las conclusiones provisionales, entendemos que es con el respaldo de la Jefatura de la Audiencia Nacional. Hemos venido con esa idea, con esa voluntad, pensando que era así".
El presidente del tribunal ha vuelto a interrumpir al abogado y le ha espetado: "también podían esperar a que este humilde magistrado hubiera fallecido hoy y no se hubiera celebrado el juicio".
Uno de los abogados abandona la sala
Pese a que otro de los abogados, José María Elosua, ha intentado dirigirse también al tribunal, el presidente ha dado paso al interrogatorio del acusado José Antonio Astigarraga, momento en el que el fiscal, que solicita penas de entre 4 y 12 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista y tenencia de explosivos, ha manifestado que el juicio podía aplazarse hasta la semana que viene.
"No hay causa de suspensión legal, es una decisión firme de la sala", ha sostenido Guevara.
Ninguno de los cinco letrados ha interrogado a Astigarra y cuando ha llegado el turno de Aitor Domezain, su defensa, Zigor Reizabal, ha anunciado que abandonaba la sala "no como un acto de obstrucción a la justicia sino porque prima el derecho de defensa" de su cliente.
"Abandone la sala en silencio", le ha reprendido Guevara, que a continuación ha deducido testimonio a Reizabal por impedir la celebración de un juicio oral y ha reclamado la cinta en la que se graba el juicio para enviarla al Colegio de Abogados de Madrid por si pudiera sancionársele de forma disciplinaria.
Según el fiscal, desde 1996 hasta 2000 los acusados formaban un "talde Y" que actuaba en la parte vieja de San Sebastián "incidiendo con ello en la seguridad ciudadana y creando en la población situaciones de terror, producto de las indiscriminadas acciones. RSO