La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, considera "un paso adelante" la admisión a trámite del Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por el Gobierno andaluz contra el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, sobre todo, para "seguir defendiendo la escuela pública y evitar los recortes del Gobierno".
De esta manera ha valorado la titular andaluza de Educación la decisión del Pleno del TC, que ha acordado admitir a trámite los dos recursos presentados por la Junta de Andalucía y el Gobierno del Principado de Asturias contra el citado decreto, aprobado el pasado 20 de abril por el Consejo de Ministros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge Europa Press.
Moreno, en declaraciones a Europa Press, ha considerado la admisión a trámite "un paso adelante" para "seguir defendiendo los argumentos que la Junta ha venido utilizando en la interposición del recurso en el sentido de que el Real Decreto-Ley invade competencias de las Comunidades Autónomas".
"El Real Decreto-Ley 14/2012 desarrolla aspectos que son meramente organizativos y que corresponden a las comunidades", ha puntualizado Moreno, que ha añadido que es "lamentable que las políticas educativas paguen los platos rotos de la crisis".
Moreno ha subrayado que "estamos comprobando cómo por primera vez en toda la historia democrática del país la escuela pública está perdiendo profesorado y perdiendo servicios", por lo que "la admisión a trámite supone un paso adelante, aunque el TC no entré en el fondo, para poder defender los postulados de la Junta para preservar la escuela pública y evitar que algunos de los recortes del Gobierno de España se puedan anular".
EN CONTRA DE QUE LA EDUCACIÓN "PAGUE LOS PLATOS ROTOS DE LA CRISIS"
A este respecto, ha señalado que "no lo estamos consiguiendo por la vía política porque el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero confiamos en que el TC pueda frenar los abusos legales, no ya políticos, en relación con la educación". En este sentido, puntualizada que las discrepancias políticas entre la Junta y el Gobierno en materia educativa son "evidentes", sobre todo, porque "estamos en contra de que la enseñanza pública pague los platos rotos de la crisis económica".
Además, Moreno entiende que el PP toma "decisiones equivocadas y que no son legales porque invaden las competencias de las Comunidades Autónomas", por lo que ha reiterado que la decisión del TC es "un paso adelante para seguir en la defensa hasta el final los recursos económicos y humanos de la escuela pública".
Al hilo de esto, la consejera andaluza ha asegurado que el recurso de la Junta es "en defensa del profesorado", que, a su juicio, ha sido "objeto del mayor recorte de la historia de la democracia".
EL RECURSO ANDALUZ
El Alto Tribunal ha aceptado el recurso del Gobierno andaluz contra el artículo 2 de este decreto, que permite a las comunidades autónomas puedan aumentar hasta un 20 por ciento el número máximo de alumnos por aula; el artículo 3, que establece un mínimo de 25 horas lectivas del profesorado en Infantil y Primaria y de 20 en el resto de enseñanzas y modifica el régimen de horas complementarias que como máximo puede ser de una. Asimismo, el recurso andaluz incluye también el artículo 4, sobre el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución de los profesores titulares, que se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos; el artículo 5, que aplaza la implantación de los módulos de Formación Profesional de 2.000 horas al curso 2014-2015.
Por último, la Junta también recurrió el artículo 6 --apartados uno, dos, tres y cuatro--, que plantea cambios a la creación de centros universitarios, la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos, la cooperación entre universidades y entre éstas y centros de investigación y modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario; y el artículo 7, que establece que las autonomías financien con sus presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza; y la disposición final primera sobre el fundamento competencial de este Real Decreto-Ley.