Fuentes del departamento que dirige María Jesús Serrano han confirmado a Europa Press, no obstante, que desde el Ejecutivo autonómico se sigue esperando al pronunciamiento definitivo, tras el cual, según se ha definido en el encuentro mantenido este miércoles en Madrid entre la consejera y el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, ambas administraciones se sentarán para concretar los términos de la ejecución de la sentencia.
Por otro lado, en la reunión se ha confirmado que, en caso de demolición, ésta se cofinanciaría entre ambas administraciones, tal y como el Ministerio anunció a la Consejería, señalando que mantenía el compromiso que el ministro había adquirido con el anterior responsable autonómico, Luis Planas, en lo tocante a asumir al 50 por ciento los costes de un eventual derribo del hotel.
Así lo indicó en una entrevista concedida a Europa Press la consejera, que incidió en el hecho de que el Ejecutivo estatal reiterara su compromiso de colaboración en "el restablecimiento de la realidad urbanística alterada" en este entorno. Según se recoge en el informe elaborado por la empresa estatal Tragsa, se fija el coste global de las actuaciones en 7,1 millones de euros, y en 3,9 los necesarios para la demolición.
Las últimas sentencias del TSJA, a las que ha tenido acceso Europa Press y contra las que no cabe recurso, concluyen que no ha lugar a indemnización tal y como reclama la constructora del hotel, que en su recurso argumentó que la edificación está ejecutada al 94,5 por ciento con una inversión de 27,42 millones de euros y que, como efecto del retracto, pasa a ser propiedad también de la Junta, "resultando acreedora del valor de la misma".
La sala no lo entiende así y sostiene que el beneficio patrimonial del Gobierno andaluz no se ha producido en este caso y remarca que, como "la propia" Azata del Sol "reconoce", la construcción no está concluida, "siendo notorio a día de hoy que el hotel está cerrado" y que la validez de la licencia municipal, que fue cuestionada por un juez de Almería, está actualmente "pendiente de resolución judicial". Cabe recordar que su legalidad se dirime en audiencia pública el próximo día 14 en el TSJA.
En la otra sentencia, que rechaza el recurso de la empresa matriz, Azata, la ponente va más allá y niega que el inmueble haya hecho que el valor real de los terrenos sea "muy superior" al precio de retracto de 2,3 millones de euros ya que, según subraya, hay "más bien un decremento en la valoración del suelo ya que la existente construcción no está amparada por la ley".