La causa se inició en 1990 cuando, tras la muerte de un empleado de la Administración de Obras Sanitarias bonaerense, dos mujeres reclamaron su derecho a cobrar la pensión invocando que fueron pareja de hecho del hombre durante más de cinco años. Una vivió con él cerca de diez años y otra 30.
En 1991 el Instituto de Previsión Social le otorgó el ciento por ciento de la pensión a una de las dos mujeres, pero dos años después resolvió el pago dividido del beneficio entre las dos reclamantes en forma retroactiva, entre 1990 y 1993, año en que murió una de ellas.
La decisión derivó en un litigio judicial entre la mujer viva y los hijos de la fallecida, que llegó hasta la Corte de la provincia de Buenos Aires, tribunal que convalidó la decisión de la entidad de previsión social.
Durante el proceso judicial las dos partes aportaron todo tipo de pruebas para demostrar la relación con el hombre, que se había divorciado en 1959.
Según las pruebas aportadas, una de las mujeres vivió con el hombre por cerca de diez años en una casa de la ciudad bonaerense de La Plata, mientras con la otra convivió unos treinta años en una casa de esa misma localidad.