El fiscal solicita un total de 98 años de prisión y 66 de inhabilitación para el acusado por varios delitos de abuso sexual, agresión sexual y corrupción de menores. Además, pide una indemnización de 196.000 euros por los daños morales y personales sufridos.
Según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, el acusado, que se encuentra en prisión provisional, entre 2007 y 2014, y tras aprovecharse de su condición de agente de la Policía Local, contactaba con menores de edad, todos ellos varones, que se encontraban en una situación de precariedad económica o contaban con historial delictivo.
Una vez que contactaba con los menores, les prometía mediar en los asuntos policiales o judiciales que tenían pendientes, les entregaba diferentes cantidades de dinero --entre 20 y 50 euros-- y les amenazaba con entorpecer sus procedimientos judiciales para mantener relaciones sexuales con ellos, quienes no oponían resistencia física ante el temor a las posibles consecuencias.
El acusado, durante su declaración, ha negado los delitos de los que se le acusa y ha señalado que se trata de un "cúmulo" de acusaciones para "sacarle" dinero. Así, a preguntas de la fiscal, ha asegurado desconocer cómo se han descargado algunas fotografías de jóvenes que aparecen en su teléfono móvil o en su ordenador, y ha negado haber solicitado información sobre menores.
"NO HE AMENAZADO A NADIE"
Según ha explicado, tan sólo ha ayudado a algunas de las víctimas a encontrar abogado y, en algún caso, la ha acompañado al juzgado, ha ido a recogerla tras una detención o la ha llevado a algún partido de fútbol. Así mismo, ha subrayado que "nunca" ha amenazado a nadie.
En la sesión de este martes han declarado cinco de las víctimas en calidad de testigos protegidos. Cuatro de ellos han indicado que mantuvieron relaciones sexuales con el acusado, pues les aseguraba que les iba a ayudar con sus problemas judiciales o familiares, mientras que el quinto ha explicado que no accedió a tales peticiones.
Los jóvenes también han asegurado que el acusado les pedía que no dijeran nada a nadie de lo ocurrido y les amenazaba, en caso contrario, con su ingreso en un centro de menores. Las víctimas han asegurado que no denunciaron los hechos porque tenían miedo de que les pasase algo.
En algunos casos, según han subrayado los jóvenes, el procesado les enseñó fotografías de otros menores semidesnudos y les dijo que también "educaba" a otros chavales. Algunas de las víctimas han señalado que estos hechos les ha provocado consecuencias como insomnio o ansiedad e, incluso, una de ellas se fue a vivir fuera de la provincia de Castellón. El juicio continuará este miércoles con la declaración de nuevos testigos.