El objetivo de la instrucción, a la que ha tenido acceso Europa Press, es unificar la respuesta de los fiscales en los centros para menores con problemas de conducta en línea con la ley de Protección de la Infancia aprobada en 2015 y que regula el funcionamiento de estas instalaciones, desde el internamiento y la puesta en libertad hasta el régimen sancionador que se aplica dentro.
"Los fiscales vigilarán especialmente que los menores no permanezcan en el centro más tiempo de lo estrictamente necesario para atender a sus necesidades específicas, realizando especial seguimiento de aquellas estancias que excedan de nueve meses de duración", dice Madrigal en su instrucción.
Les recuerda que "las razones del internamiento son de carácter terapéutico cuya decisión compete al criterio médico" y les advierte de que "si es el juez el que decide el mantenimiento de la medida, se deduce que puede estar justificado por otras razones distintas", cuando "en ningún caso los establecimientos pueden ser considerados centros para la ejecución de medidas privativas de libertad de menores infractores".
"Corresponde especialmente al Ministerio Público impulsar la celeridad de los trámites a fin de que los menores no permanezcan más tiempo del estrictamente necesario en los centros evitando que puedan concurrir otras motivaciones distintas de las derivadas de las necesidades de protección del menor", dice sobre este asunto. De ser otras las motivaciones, los fiscales tendrán que oponerse.
La Fiscal General dicta además que los ingresos verificados sin autorización judicial porque son los propios padres quienes han pedido el ingreso de su hijo en un centro para menores con problemas de conducta --cosa que ocurría con la legislación anterior y que ya no es posible-- "no pueden ser objeto de regularización", de modo que si el juez no lo ha avalado en plazo, los fiscales deberán instar la puesta en libertad.
Sobre el ingreso en sí, insta a los fiscales a comprobar que se cumplen uno de los supuestos que contempla la ley para el internamiento en un centro de menores con problemas de conducta, que supervisen "especialmente" los ingresos de menores de 12 años de edad "a fin de valorar otras alternativas que pudieran evitarlo"
Comprobar que se ha escuchado al menor y que se le ha ofrecido la posibilidad de nombrar a un abogado, asegurarse de que el menor sabe que tiene derecho a recurrir por sí mismo la resolución de internamiento y a contar para ello con un letrado y un procurador, o respetar los plazos porque su inobservancia puede dar lugar a un procedimiento de habeas corpus (detención ilegal) son otras de las instrucciones que dirige a los fiscales Consuelo Madrigal.