En declaraciones a Europa Press, el representante de la CAMFiC José Miguel Baena ha advertido de que la medida estatal disparará la partida farmacéutica, por el hecho de que los profesionales recetarán otros medicamentos más caros para buscar los mismos efectos que las medicinas que en adelante deberán pagar los pacientes de forma íntegra.
Baena ha constatado la existencia de dos decretos similares en 1993 y 1998, que "no sólo no redujeron el gasto, sino que lo aumentaron porque el gasto se desplazó a productos más caros", y se ha referido al castigo que sufrirán los pacientes que de forma crónica deben consumir antidiarreicos y antiácidos.
Ha pedido que no se financien de forma automática todos los fármacos nuevos que aparecen en el mercado cada año, y que ha dicho que "no suponen una mejora terapéutica en el 80% de los casos".
De hecho, un estudio del gasto farmacéutico entre 1993 y 2005 constata que la desfinanciación de medicamentos no es eficaz en la reducción del gasto, consiguiéndolo la reducción de los márgenes de las farmacias y la aplicación de precios de referencia, ha señalado el médico del Centro de Atención Primaria (CAP) Marina.
En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la CUS, Carme Sabater, ha criticado que el Ministerio de Sanidad vuelva a utilizar medidas que impactan sobre las "personas más castigadas", y ha criticado que el Gobierno está dando palos de ciego con la reforma sanitaria.
Se ha alineado con los médicos a la hora de señalar que la desfinanciación provocará un aumento del gasto, por el efecto esperado de que los facultativos receten otros fármacos sustitutivos que sí costea el sistema sanitario.
UMBRALES "IRRACIONALES"
Ha considerado "irracionales" los umbrales de renta establecidos para el nuevo sistema de copago farmacéutico que entró en vigor en julio en función de la renta, y que ha opinado que supone una penalización de la enfermedad.
Éste establece que la aportación del paciente será del 40% para rentas inferiores a 18.000 euros, del 50% para las de entre 18.000 y 100.000 euros año y el 60% para las de más de 100.000 euros al año, con excepción de discapacitados, pensiones no contributivas, parados sin subsidio, accidentes laborales y otros colectivos que seguirán exentos.