El arresto de los uniformados se derivó de las causas que sigue la Fiscalía General, entidad que investiga 1.666 denuncias de este tipo de crímenes, informó el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Pngpddh).
Sin embargo, los registros de las entidades de defensa de los derechos humanos muestran que hay "más de 1.500 casos (de ejecuciones) aún sin denunciar", aseguró la organización no gubernamental (ONG), creada en 1999 para proteger a líderes y procesos sociales en todo el país.
El Pngpddh recordó que, además de los detenidos, tres generales colombianos fueron destituidos dentro del escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", en las que civiles eran reportados como guerrilleros muertos en combate para mostrar resultados ante superiores y obtener permisos o días de descanso.
El escándalo estalló a finales del año pasado tras el hallazgo, en cementerios del nordeste del país, de los cadáveres de once jóvenes que habían sido dados como desaparecidos en Soacha, localidad vecina a Bogotá.
Las víctimas fueron sepultadas sin identificar y sus casos dieron lugar a varios procesos judiciales con los que la fiscalía vinculó a casi medio centenar de militares, doce de los cuales han sido enviados a prisión.
La fuente facilitó las cifras en un comunicado para rechazar una reciente alocución en la que el presidente Álvaro Uribe, sostuvo que muchas de las de "falsos positivos" son "falsas denuncias" de abogados remunerados por ONG internacionales.