Desde 1978 las universidades recibieron de las arcas públicas "más de un billón de bolívares" (unos 232,55 millones de dólares) para el pago de pensiones y jubilaciones a sus profesores, empleados y obreros, pero ha sido el Estado quien ha cumplido con ello, dijo.
"Las autoridades universitarias, conjuntamente con fundaciones privadas y organizaciones civiles, han tomado esos recursos para la compra de bienes inmuebles, para depositarlos en bolsas, en bancas internacionales y para hacer compras de clínicas privadas", declaró el ministro a los periodistas tras entregar la denuncia.
Entre las universidades involucradas y que "no han cancelado ni una jubilación ni una pensión", Ramírez nombró a la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad del Zulia, Universidad de Los Andes y Universidad de Carabobo, "es decir, las principales universidades del país", remarcó.
Es la "oligarquía corrupta de las universidades autónomas y experimentales la que se ha tomado el dinero y tiene que ser sancionada", añadió y reveló que el Estado ha debido asumir por partida doble esas obligaciones "con más de 100.000 personas, es decir, más de 100.000 familias venezolanas".
Una vez saneado el asunto, "queremos propiciar unas nuevas relaciones con las universidades, pero en la medida en que ellas rindan cuentas claras al país" y ejerzan una "autonomía universitaria responsable", añadió.