El representante de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en Colombia, Christian Salazar, señaló que "la alerta temprana es uno de los mejores instrumentos nacionales para proteger a la población (...) de graves violaciones de sus derechos, y para reducir el desplazamiento masivo".
Según cifras oficiales de la agencia estatal Acción Social, en Colombia esta población suma al menos tres millones de personas, aunque distintas organizaciones calculan que podría superar los cuatro millones de desplazados.
La población más vulnerable frente al desarraigo "es aquella que vive en zonas de alta intensidad del conflicto armado, y la gran mayoría de desplazados son niñas, niños y mujeres", advirtió esa agencia de las Naciones Unidas.
Agregó que observa "una serie de desplazamientos masivos en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo (sur), que en particular afecta a miembros de grupos étnicos".
Para la Oficina, subraya un comunicado de la dependencia, "es especialmente preocupante la violencia sexual y el reclutamiento forzado que enfrentan niñas, niños y mujeres desplazados pertenecientes a estos grupos".
Ante la gran vulnerabilidad de la población afectada y "en el diseño de una futura política pública de prevención del desplazamiento", destaca que "un elemento importante es el Sat, mecanismo de la Defensoría del Pueblo que emite análisis de riesgo".
Esas advertencias llegan al Comité de Alertas Tempranas (Ciat), liderado por el Ministerio del Interior, que debe adoptar las medidas de prevención adecuadas para evitar violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario.
El año pasado este comité decidió tomar acción en 34 alertas y realizó informes de seguimiento de las 65 emitidas por el Sat, recordó hoy la ONU.
Destaca que "es probable que de ser atendidas más advertencias contenidas en los informes de riesgo se hubiera podido prevenir el desplazamiento de población".
La Oficina reveló haber recibido información "según la cual en los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año podría presentarse un déficit" en el presupuesto que llevaría a la suspensión del funcionamiento de los equipos regionales del Sat.
Salazar expresó su "esperanza de que se implementen las nuevas medidas de calificación de riesgo rápidamente" y solicitó al Estado colombiano "asignar los recursos suficientes para el fortalecimiento del Sat".
Esa agencia, por otra parte, rechazó las amenazas contra algunos analistas regionales del Sat proferidas por grupos de delincuencia y el narcotráfico llamados "Águilas Negras" y espera que las autoridades "investiguen, juzguen y sanciones a sus autores".