En un comunicado, la Plataforma asegura que "esta denuncia pone blanco sobre negro todos las violaciones de los derechos que por Ley les corresponden a todas las personas en situación de dependencia".
Además, según la Plataforma, esta denuncia acompaña un dossier en el que se incluyen revisiones de oficio y de prestaciones realizadas de forma "ilegal", denuncias presentadas ante el Fiscal General del Estado "por presunta prevaricación" de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, queja remitida a la Defensora del Pueblo "con respuesta estimatoria por su parte", sentencias de los tribunales de justicia estimando los recursos interpuestos por dependientes afectados por las revisiones de sus expedientes, 53 solicitudes registradas ante la Consejería solicitando una reunión con el consejero, José Ignacio Echániz, y cuatro solicitudes registradas solicitando reunión con la presidenta, María Dolores de Cospedal.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia entiende que "ha llegado el momento de cruzar las fronteras del Reino de España para levantar la voz y alertar a las altas instituciones europeas de lo que está sucediendo, día a día, con las personas más débiles e indefensas de nuestra sociedad, personas que están sufriendo tal cúmulo de ilegalidades y abusos de poder por parte de la Administración que están dinamitando cualquier atisbo de vida digna y en muchas ocasiones ponen en serio riesgo incluso su propia vida".