Se trata de cinco proposiciones no de ley que han sido anunciadas en rueda de prensa en la Cámara por la 'número tres' del partido morado en el Congreso, Irene Montero, quien las ha justificado en que hay que mejorar el sistema frente a los recortes emprendidos en la materia por el PP, que cifra en "36 millones de euros".
A su juicio, los recortes han dejado el derecho a la educación en España "en serio peligro" y por ello advierte de que en España "se corre el riesgo de encontrar una situación de condena de exclusión educativa".
LAS INICIATIVAS
En primer lugar, la formación que dirige Pablo Iglesias considera que debe ser una prioridad derogar la LOMCE. "No basta con paralizar su calendario de aplicación", ha avisado, incidiendo en la necesidad de poner en marcha una norma que cuente con el consentimiento del sector. Según ha destacado, "es de cajón de madera de pino" que sean los profesores los que, al aplicar la ley, respalden esa normativa.
En cuanto a la educación pública ha presentado dos iniciativas. Primeramente una proposición no de ley para garantizar plazas para garantizar la escolarización en la educación pública para todas las personas que así lo deseen, y otra para garantizar la oferta de plazas públicas de 0 a 3 años para todos los menores y, además, de forma gratuita.
En este sentido, la diputada navarra Ione Belarra, ha insistido en que facilitar la educación de 0 a 3 gratuita y para todos es "la mayor cuenta pendiente" con el sistema educativo al tratarse de un periodo "clave" donde se asienta todo su desarrollo posterior. Además, ha destacado que también se favorecería la igualdad entre hombres y mujeres porque casi siempre son las madres las que solicitan los permisos para el cuidado de hijos.
Finalmente, el diputado Javier Sánchez ha planteado su última medida de "rescate educativo", el acceso universal a la universidad pública y para ello, la consecuente derogación de tasas universitarias.
A su juicio, como consecuencia de la puesta en marcha del decreto de 2012 que aumentó sus tarifas se ha producido un retroceso social que ha convertido a la universidad en un "artículo de lujo y en un privilegio para unos pocos". Por ejemplo, ha mencionado que por esta norma el precio de las matrículas de grado ha aumentado "800 euros".
"España es el sexto lugar con precios de master y de grado más caros. Este decreto también ha supuesto una brecha entre comunidades autónomas puesto que la misma carrera puede costar 5.000 euros más en Cataluña que en Galicia", ha zanjado, destacando también que desde que empezó la crisis hay 5.000 profesores menos, 800.000 alumnos más, y 86.000 universitarios que han sido "expulsados" del sistema universitario por las tasas.