Según ha informado la Policía, la organización operaba en varias provincias españolas desde septiembre 2014. La investigación comenzó a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra que daba cuenta de la existencia de un número de empresas administradas por ciudadanos marroquíes que al parecer vendían contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social.
Tras un seguimiento exhaustivo en siete empresas, los investigadores descubrieron que la organización había dado de alta a personas extranjeras, para permitir que regularizaran su situación administrativa en España o para que obtuvieran ilegalmente diversas prestaciones sociales.
La deuda con el Sistema General de la Seguridad Pública que habrían generado esta organización es de unos 242.726 euros, además de 537.907 euros de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los supuestos trabajadores tras cesar su actividad con las supuestas empresas.
La operación se ha saldado con el registro de dos domicilios en los que se ha intervenido numerosa documentación relacionada con las altas y contratos fraudulentos.
La investigación sido llevada a cabo por la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Pamplona y de Logroño, con la colaboración de las de Castellón, Murcia, Lleida, Zaragoza, Alicante, Granada, San Sebastián, Guadalajara, Tarragona, Almería, Algeciras, León, Huesca, y Girona.