Así, las propuestas de los nacionalistas catalanes no saldrán adelante en la votación que tendrá lugar a última hora de esta tarde. El debate ha durado en torno a dos horas y ha sido iniciado con la defensa del proyecto de ley del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
Alonso, quien ha mostrado su disposición a los grupos de la oposición a alcanzar el máximo acuerdo durante el debate parlamentario, ha subrayado que esta ley va a modificar hasta una docena de normas vigente con el objetivo de configurar un sistema de protección a la infancia y la adolescencia "acorde a la realidad actual"
Durante el trámite parlamentario, ha asegurado que se reforzarán las medidas contra los pederastas, de acuerdo con el convenio del Consejo de Europa de Lanzarote, para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.
"España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, como recomendó la ONU en 2013", ha celebrado.
Entre las principales novedades, ha destacado que se agilizan los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de tres años, permanezcan con una familia. Habrá imposibilidad de adoptar para quien esté privado de la patria potestad.
Además, se crea la adopción abierta, que permitirá al menor mantener alguna clase de contacto con su familia biológica siempre que lo establezca un juez con el visto bueno tanto del propio adoptado como de las familias de procedencia y adoptiva.
Igualmente, ha indicado que se regulará el derecho al acceso a los orígenes de los adoptados, de forma que las entidades deberán conservar la información sobre el menor durante al menos 50 años.
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
A su vez, ha resaltado que la reforma reconoce como víctimas de la violencia de género a los menores y prevé que puedan permanecer con sus madres.
Se establece el requisito de no haber sido condenado por abusos o explotación infantil para acceder a profesiones que impliquen contacto frecuente con niños, además de que se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas para asegurar que conserven el título mientras al menos uno de los hijos tenga menos de 21 años o 26 si está estudiando.
La reforma regula por primera vez los centros para menores con problemas de conducta, y gracias a ella, los ciudadanos tendrán obligación de informar al Ministerio Fiscal de casos de abusos sexuales a menores.
Alonso ha indicado asimismo que la reforma renueva el marco de protección de los menores, en especial de los que se encuentran en una situación más vulnerable; como el caso por ejemplo de los mejores extranjeros, a los que se les reconocerán los derechos a la educación, asistencia sanitaria y acceso a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles. A los menores con discapacidad se les garantizará plena accesibilidad, así como unos servicios sociales especializados y adaptados.
PETICIONES DE RETIRADA
Aunque CiU y ERC comparten la esencia de la ley y coinciden con sus objetivos de fondo, si bien consideran que hay "muchos aspectos competenciales" que no comparten. Carles Campuzano, de CiU, ha alertado de que esta ley supone una "invasión competencial" porque Cataluña en su Estatuto de Autonomía tiene la competencia exclusiva en materia de protección de menores.
Como punto "especialmente delicado del proyecto" y de "invasión flagrante" de las competencias autonómicas, CiU apunta a la modificación de la Ley de Adopción Internacional, en la que se establece que la decisión de autorizar adopciones en los diferentes países de origen corresponderá a la Administración General del Estado, al igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional.
Según ha recordado, Cataluña es la única comunidad autónoma que dispone de una entidad autónoma administrativa para tramitar los procesos de adopciones internacionales y efectuar su seguimiento posterior.
Sobre este punto también ha advertido el diputado de ERC, Joan Tardà, quien ha comenzado su intervención advirtiendo al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que viven "en mundos paralelos". Así, considera que este proyecto de ley "es un paso atrás" y "entra como si fuera un carro de combate" sobre un modelo "que ha demostrado ser eficiente".
ESPERANZA EN EL TRÁMITE PARLAMENTARIO
Desde el PNV, la diputada Isabel Sánchez Robles, ha agradecido a Alonso la disponibilidad al diálogo y al consenso durante el trámite, del que se ha mostrado esperanzada, en aspectos como las "mal encajadas" cuestiones de ámbito competencial, que sus compañeros catalanes han puesto de relevancia en el debate.
Por su parte, Rosa Díez, de UPyD, ha argumentado que no ha pedido la devolución al Gobierno del proyecto de ley porque considera que ésta representa un "avance" respecto de la situación actual de los menores en España. Ha criticado que esta ley no cuente con disponibilidad económica.
Desde la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya, que se estrena este jueves como diputado, ha lamentado que este proyecto recoja "parcialmente" las observaciones de la ONU y de esta forma se pierda la oportunidad de reconocer a los menores como sujetos de derechos y responsabilidades.
"Esta ley es insuficiente y es preciso elaborar un verdadero cuerpo legislativo y no pequeñas mejoras en la regulación. Es muy importante abordar todos los factores de riesgo para niños y adolescentes", ha advertido.
Por parte del PSOE, Isabel Rodríguez, considera que no se puede bajar la guarda en la protección de los niños, al mismo tiempo que ha denunciado que el Gobierno no ha cumplido su promesa de dar un carácter prioritario a la tramitación de esta ley, al haber tardado tres años en traerla a la Cámara. "Tenemos coincidencias en los objetivos de presentación esta iniciativa. Va a mejorar la protección jurídica del menor. En lo esencial no nos es nuevo, y lo compartimos, pero no podemos perder tiempo y por eso no he hemos presentado enmienda de totalidad", ha reconocido.
Macarena Montesinos, del PP, ha criticado el argumento del PSOE de que la infancia está viviendo sus peores momentos por los recortes sociales de los 'populares'.
"El PP ha apostado por la infancia y la familia y aprovechemos la oportunidad que nos brinda la Ley de Infancia y Adolescencia. No lamenten la presentación del proyecto de ley cuando en los siete años de Gobierno socialista no se debatió esta iniciativa", ha agregado, al mismo tiempo que ha precisado que, sobre la invasión competencial, la ley tiene "afán respetuoso" de acuerdo a lo que marca la Constitución.