El Consejo de Europa es una organización internacional en la que tienen representación 47 países del continente. Se reúne en Asamblea General cuatro veces al año y puede emitir recomendaciones, que van dirigidas al Estado miembro y llegan a acarrear incluso medidas de seguimiento; resoluciones, que muestran el posicionamiento del organismo sobre una cuestión; o declaraciones, como persiguen ahora ambos partidos, en los que parte de los diputados expresan su opinión sobre un tema u otro.
Por eso, el hecho de que se aprueben, como es previsible, declaraciones a favor o en contra de la reforma del aborto en España en los próximos días no tendrá un carácter vinculante: la declaración es un texto firmado por 20 diputados de al menos cuatro países y dos grupos parlamentarios, algo relativamente sencillo de conseguir en un universo de en torno a 320 representantes de los 47 Estados miembros de pleno derecho.
Esta es la estrategia que han puesto en marcha tanto los 'populares' como los 'socialistas' europeos en la 'batalla' internacional sobre el aborto en España, ya que conseguir una resolución o una recomendación sea vía debate de urgencia en la Asamblea o mediante la elaboración de un informe monográfico en una de las comisiones del Consejo de Europa para su votación posterior es un proceso que puede prolongarse hasta 18 meses.
"EL PRETENDIDO DERECHO AL ABORTO NO ESTÁ RECONOCIDO"
El PP, liderado por el diputado Ángel Pintado, ha presentado un texto en el que resume las líneas principales del anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada y esgrime algunos de los argumentos utilizados por el Gobierno de España, como la necesidad de ajustar a la doctrina del Tribunal Constitucional la legislación, que actualmente consiste en un sistema de plazos con aborto libre en las primeras 14 semanas.
En su propuesta de declaración, que según ha explicado Pintado en declaraciones a Europa Press, ya ha comenzado a recabar adhesiones, exponen que "el pretendido derecho al aborto no está reconocido en ningún tratado internacional ni en la jurisprudencia de los tribunales internacionales" y citan sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que así lo avalan.
"Las experiencias de Polonia y Chile al modificar en 1993 y 1989, sus legislaciones sobre el aborto han demostrado que la protección legal del derecho a la vida ha redundado en una reducción del número de abortos, de los fallecimientos por embarazo, parto y post-parto, de los embarazos en las jóvenes, de la mortalidad de los neonatos, de los abortos espontáneos y de los infanticidios", argumentan los 'populares' europeos.
"LA REFORMA ES EL MAYOR RETROCESO EN DERECHOS"
Por su parte, la propuesta de declaración de los socialistas europeos, encabezada por la diputada Delia Blanco, denuncia que la reforma es "el mayor retroceso en materia de derechos y libertades que ha sufrido España en toda la Democracia" y que si entra en vigor, "las mujeres españolas no tendrán ninguna capacidad de decidir libremente sobre su maternidad".
"El 90% de las mujeres que interrumpan su embarazo en las 12 primeras semanas lo tendrán que hacer de forma clandestina, exponiendo su vida, su libertad y su dignidad. Este Proyecto de ley lleva a las mujeres españolas, a la condición de no ser sujeto de derecho, sino un objeto de derecho que hay que tutelar, al no concedérseles su condición de personas racionales en uso de sus libertades", explica el texto.
Asimismo, expone que "el 86% de los españoles consideran esta ley un atropello a la libertad de las mujeres y toda la Sociedad y el 75% consideran que no es necesaria", por lo que ruega a los diputados del Consejo de Europa que firmen la declaración para "impedir que los derechos de las mujeres españolas se vean cercenados".