Según Colom, todas las personas que alquilen casas, bodegas y automotores a grupos de narcotraficantes serán incluidas en la lista negra del crimen organizado y esos bienes serán expropiados.
El presidente anunció esa medida durante su programa "Gobernando con la Gente", que celebró el sábado en la ciudad noroccidental de Huehuetenango, y luego del asesinato de cinco policías el pasado viernes en el municipio sureño de Amatitlán.
Los cinco agentes, miembros del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron emboscados y atacados a tiros por presuntos narcotraficantes cuando investigan el traslado de un cargamento de droga.
El ataque se produjo en un complejo de bodegas localizado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico guatemalteco.
"Todas las propiedades y sociedades que están dando la cara con estos criminales están siendo investigados", aseguró el mandatario, en declaraciones que publica hoy el diario local Prensa Libre.
Colom dijo que quien alquiló la bodega donde asesinaron a los policías está siendo investigado para establecer sus relaciones comerciales.
Además, el presidente afirmó que todas las personas que alquilen locales y vehículos, o que los vendan a grupos de narcotraficantes, también serán investigados.
El mandatario recomendó a los empresarios que cuando alquilen sus propiedades lo hagan a través de un contrato para que no se conviertan en cómplices de los criminales.
Las propiedades donde se localicen cocaína o armas ilegales quedarán sujetas a un proceso de expropiación, a menos que se compruebe que los dueños fueron engañados, anotó Colom.
En las bodegas donde fueron asesinados el pasado viernes los cinco agentes antinarcóticos, las fuerzas de seguridad se incautaron ayer unos 353 kilos de cocaína y 14 vehículos modernos y otros dos blindados.
Además, 584 granadas, un fusil, ocho minas antipersonales con su equipo, 11 ametralladoras calibre 30, unas 9.487 municiones, ocho chalecos similares a los de la PNC y siete uniformes completos pero sin insignias de la institución.
El valor de lo incautado suma 28 millones de quetzales (más de 3,47 millones de dólares).