Así lo han afirmado en una rueda de prensa Jagoba Terrones y Oiakue Azpiri, quienes han realizado su análisis del proceso abierto contra el entorno de ETA -iniciado en 1998 por el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón- tras conocerse el pasado martes el fallo del Tribunal Supremo.
Según el comunicado leído por ambos -en euskera y castellano-, la resolución del Alto Tribunal "cae en una narración de hechos que no tienen nada que ver con la realidad histórica de este país", son "meras elucubraciones, imaginaciones".
Además, han opinado que en todo el procedimiento se ha "agredido" y "devastado" la verdad, la justicia y los derechos de opinión, la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y en concreto han opinado que el cierre de Egin y la posterior declaración de licitud "es un atentado en toda regla contra el más básico derecho de pluralidad ideológica".
Según han dicho, los jueces "han cumplido una vez más con su función represiva, apartando cualquier atisbo de imparcialidad".
Por todo ello, han realizado un llamamiento a la sociedad vasca para que "busque la manera más eficaz de levantar una muralla para detener esta dinámica criminal del Estado español" e "impulsar una nueva fuerza que cambie ese panorama desolador".