La reforma permitirá a las universidades, a partir del próximo mes de septiembre, crear grados de menos duración (tres años) y menos carga lectiva (hasta 180 créditos ECTS) que los cuatro años y 240 créditos ECTS que establece la actual legislación para la mayoría de las titulaciones.
Los socialistas han exigido que el Gobierno, antes de aprobar el Decreto, solicite un informe al Consejo de Universidades para valorar los resultados de la vigente ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Además, han pedido que se promueva la creación de una comisión, en la que participen la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Estudiantes Universitarios, para elaborar un informe sobre los efectos que tendrá la medida en la financiación pública y privada de las universidades, en la igualdad de oportunidades y en el acceso al empleo de los titulados.
La proposición no de ley del Grupo Socialista reclama que "no se dé curso" a la reforma propuesta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hasta que no se disponga de los citados informes, "y que en todo caso se incorporen a la misma sus conclusiones, así como las recomendaciones del dictamen elaborado por el Consejo de Estado".
Según Costa, "el ministerio se limita a afirmar que los cambios contribuirán a favorecer la internacionalización de las universidades españolas, sin presentar estudios que respalden y sin que las propias instituciones supuestamente beneficiadas por la reforma lo avalen".
Además, se ha sumado a la valoración que la Conferencia de Rectores, del Consejo de Estado, de los sindicatos y los estudiantes han hecho de la medida y ha asegurado que, en caso de aprobarse, contribuirá a "devaluar" las titulaciones de grado.