Las instalaciones de Ascó registraron el pasado 27 de noviembre un escape de partículas radiactivas procedentes de la ventilación de la planta atómica, un incidente que se conoció a principios de abril gracias a una denuncia de Greenpeace y que, dentro de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares, fue calificado de "nivel 2".
En un informe remitido al Defensor del Pueblo, el CSN explica que las primeras mediciones de radiactividad se hicieron basadas "en un modelo inadecuado". Posteriores mediciones permitieron elevar el grado de radiactividad recogido en la central y concretar algunos de los componentes emitidos como el Cobalto 60, una de las partículas más tóxicas.
Maniobra "deficiente"
Según este informe, la maniobra que originó el suceso "se puede calificar, cuando menos, de deficiente" ya que mientras se efectuaban las operaciones de descontaminación, el sistema de ventilación normal siguió funcionando. El protocolo obliga a activar el de emergencia para garantizar que cualquier contaminación no saldrá del edificio. Al día siguiente la central manipuló los monitores de radiación para eliminar la alarma.
El responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha denunciado que el CSN "reconoce que la central actuó de mala fe, al manipular los aparatos, y que fue enormemente irresponsable", un comportamiento que es "delictivo".
Petición de cierre
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, ha reclamado hoy el "cierre inminente" de la central nuclear de Ascó (Tarragona) hasta que "no se conozca toda la información" sobre el incidente del 27 de noviembre, y que se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso.
KOD