La defensa de la Relaciones Públicas italiana, Francesca Chaoqui, imputada junto al sacerdote español Lucio Vallejo Balda, su secretario Nicola Maio y los dos periodistas italianos: Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, había solicitado su declaración junto a la del Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y el limosnero pontificio, monseñor Krajewski.
Los tres altos cargos del Vaticano se amparan en el artículo 248 inciso 2 del Código procesal Penal de la Santa Sede, en el que se indica que "oficiales públicos no deben ser obligados a declarar sobre los asuntos de trabajo, salvo en casos donde lo obliga expresamente la autoridad pública".
El cardenal Parolin se ha limitado a remitir una declaración jurada en la que indica que siente el "deber de especificar" que no tiene "nada de decir sobre la relación entre Francesca Chaouqui y monseñor Lucio Vallejo Balda".
Esta semana se reanudan las audiencias en las que está previsto que se terminen con los interrogatorios de los testigos.