M.K. portaba entre otros documentos, pasaporte original expedido por la embajada de su país en España así como carta de nacimiento y se encontraba en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en Madrid, adonde fue trasladado por unos agentes de Policía que entendieron que era menor de edad y estaba en desamparo.
Sin embargo, la Fiscalía de Menores le sometió a unas pruebas de estimación de la edad que concluyeron que era un adulto. El examen fue realizado contra el criterio del Tribunal Supremo, cuya jurisprudencia impone que no se deben realizar los test a nadie cuya edad esté documentada, como recuerda la ONG.
El Fiscal dictó un decreto estableciendo la mayoría de edad del joven y en consecuencia, la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid cesó la tutela sobre el chico, que el pasado 20 de mayo tuvo que abandonar el centro de menores "sin que se le facilitase ninguna alternativa de alojamiento".
Save The Children incide en que la decisión de realizarle pruebas para determinar su edad "ha sido adoptada contraviniendo el interés superior de M. K., quien nunca debió ser sometido a las pruebas ya que su documentación acredita que tiene 16 años y no ha sido cuestionada en procedimiento alguno".
Recuerda además, que los agentes de la Policía Nacional que lo encontraron en la calle "no dudaron en ningún momento de su minoría de edad al llevarlo al centro de menores por considerarlo en situación de desamparo".
"Pedimos a la Fiscalía que revoque el decreto de la mayoría de edad de M.K, y que la Comunidad de Madrid vuelva a asumir la tutela del menor. La administración debe respetar y salvaguardar sus derechos como niño poniendo fin a la situación de desprotección en la que se encuentra", concluye Andrés Conde, director general de Save the Children.