La norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España y, de esta manera, deja sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.
Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma y seguirán atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.
Por ello, Llisterri ha dejado claro que, desde la sociedad a la que representa, van a estar "atentos" y "vigilantes" a lo que ocurra, y ha lamentado que no se haya contado con la opinión de su colectivo a la hora de tomar la decisión, que no respaldan, al igual que ocurrió con la reciente desfinanciación de fármacos.