El texto será remitido ahora al Congreso para que refrende o no los cambios incorporados. Se han rechazado el resto de las 240 enmiendas presentadas, siete propuestas de veto y una docena de votos particulares.
Concretamente, el proyecto que remite ahora la Cámara Alta a la Baja incorpora que si las razones imperiosas para permitir el cambio de uso de una superficie quemada responden a un interés general de la Nación será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso.
La norma remitida por el Congreso ya contemplaba las excepciones a las prohibiciones al cambio de uso de suelo. En concreto, se podrá cambiar el uso de un terreno siempre que ya estuviera previsto en un planeamiento que estuviera aprobado antes del incendio; o bien que este plan estuviera sido evaluado favorablemente o sometido a trámite de información pública pero que estuviera pendiente de aprobación a la fecha del incendio.
Además, también figura el cambio de uso mediante una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono. Igualmente, contempla que "con carácter excepcional" las comunidades autónomas podrán cambiar de uso forestal "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden" que sean aprobadas por ley y siempre y cuando se adopten medidas compensatorias necesarias para recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada.
Junto con este cambio, los populares han introducido la precisión de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada comunidad, y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos.
Durante el debate parlamentario, que ha tenido una duración superior a cuatro horas, la oposición ha criticado que el texto se entrometa en las competencias autonómicas y desprotege los montes al permitir el cambio de uso antes de que se cumplan 30 años tras el incendio en un terreno forestal y al limitar la necesidad de planes de gestión y pasar de 15 a 25 años el periodo para aprobar estos planes.
Entre las críticas los senadores han lamentado también que en forma de disposición adicional se haya incluido en esta Ley las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura con la "excusa" del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Para el senador socialista Miguel Fidalgo, el PSOE "no puede ser mejor" una ley donde las superficies forestales quemadas se abran a cambio de uso en vez de protegerse; que no se evite la erosión; que no proteja los recursos hídricos; que se puedan destinar a otros usos no forestales. "La apisonadora que usa el Partido Popular, lo único que marca estas reformas tienen la caducidad cada vez más cerca", ha augurado.
RECHAZO COMÚN
Por su parte, la senadora de ERC Esther Capella ha denunciado que el proyecto va contra la ciudadanía y especialmente contra los agentes forestales, contra el patrimonio medioambiental y contra los funcionarios que hacen bien su trabajo a pesar de la inmensas trabas, al tiempo que ha acusado al Gobierno de afán de privatización e intromisión en la gestión autonómica.
También contrario a la nueva Ley de Montes se ha mostrado el senador de Entesa Pel Progress de Cataluña (EPC) Joan Saura Laporta para quien las características del proyecto demuestran cuatro características comunes al resto de las iniciativas del PP. Estas son la "soledad parlamentaria" porque el 99 por ciento de los proyectos se aprueban solo con los votos del PP; la soledad social "en cualquier ámbito" porque logran el "rechazo" de las entidades sociales que trabajan en ese sector; las "anomalías e irregularidades" que todos los proyectos de ley llevan cuando llegan al senado y la recentralización de competencias que incluyen todas las propuestas legislativas.
A su juicio, compartido con otros portavoces, la Ley de Montes no servirá para los objetivos expresados por la ministra del ramo, Isabel García Tejerina que eran mejorar la gestión, la protección de los montes y aumentar su cuidado y explotación.
"Los objetivos que la ministra planteaba son incompatibles con las medidas que ella toma, que llevan a una menor protección, una mayor duración en la elaboración de los planes técnicos y un papel disminuido de los agentes forestales, pese a que parte se corrigió en el Congreso", ha sentenciado.
Por su parte, la senadora del PP Marina Moya, ha negado que el texto se entrometa en las competencias legislativas y ha defendido que la norma en discusión además de organizar y actualizar los montes favorecen su protección y la forma de asegurar la rentabilidad del monte, lo que contribuirá a su mejor estado, con medidas como deducciones e incentivos fiscales.
También ha defendido la necesidad de la norma porque incorpora la normativa de la Unión Europea en materia de tala y comercio ilegal de madera.
"La ley protege los bosques y protege, promociona la economías de los montes. Ojalá que los montes sean respetados y usados, que sirvan para favorecer la permanencia en muchas zonas rurales que buena falta hace", ha puntualizado.