Así, el sindicato ha explicado a Europa Press que comenzó a denunciar este intrusismo laboral en diciembre, a través del envío de una carta por correo ordinario y electrónico a los jefes de servicios aéreos de las distintas unidades del Gobierno, así como a todas las empresas del sector.
En su misiva les advertían de esta situación y en la que precisan que estas actuaciones son "ilegalidades" que, de constatarse, serán denunciadas por el sindicato ante la Inspección de Trabajo y mediante "otras alternativas judiciales" tanto civiles como penales.
En este contexto, la organización sindical recuerda que contratar a personal perteneciente a la administración pública para trabajar en el sector privado es una "ilegalidad manifiesta", que viola expresamente la Ley Orgánica 2/86 del 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Ley 53/84 del 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública.
A este respecto, ha manifestado que algunos mandos, por ejemplo de la Dirección General de Tráfico, ha dado una respuesta afirmativa y les ha mostrado su voluntad de colaborar para evitar estas situaciones. Sin embargo, otras entidades han dado "la callada por respuesta o directamente han echado balones fuera".
Además, denuncia el "riesgo" que supone este hecho para la seguridad de las operaciones, puesto que ni empresas ni administraciones públicas pueden controlar los tiempos totales de actividad y vuelo de los pilotos que aprovechan días de descanso y vacaciones para ejercer en dos puestos distintos.
RIESGO DE ACCIDENTES
Por ello, advierte del riesgo que supone el hecho de desconocer si se superan los límites establecidos de las normas aeronáticas para garantizar el descanso correcto de las tripulaciones y que les protege de la fatiga un "factor decisivo y contribuyente en muchos accidentes".
Asimismo, señala que la contratación de este personal por parte de algunas empresas se practica durante todo el año, aunque el mayor auge se produce durante la campaña de incendios.
Entre las consecuencias de esta "ilegalidad" denuncian que la "militarización" del sector civil ha tenido consecuencias "muy graves" para el colectivo de pilotos civiles como la bajada de salarios generalizada porque hay excedente de pilotos, un hecho que se agrava por que este grupo de trabajadores de la administración pública "puede permitirse el lujo de cobrar menos en el sector civil" al tener otro salario público que le respalda.
En este contexto, han manifestado que el colectivo de pilotos no pueden permitirse rebajar el salario porque normalmente sus contratos son de entre tres y cinco meses al año, con los que han de vivir el resto del año.
En definitiva, los conocidos como 'jornaleros del aire' lamentan su "dramática situación" ante la preferencia de las empresas de contratar personal de la administración con menor coste mientras dejan en la calle a pilotos civiles. "Cada vez nos encontramos con más casos de gente que está trabajando ilegalmente con dos empleos mientras los legales no tienen ninguno", han apostillado desde la agrupación sindical.
Por ello, para los pilotos civiles es una "absoluta inmoralidad" que pilotos civiles que han pagado hasta 100.000 euros por el curso de piloto frente a los pilotos militares que les quitan el trabajo. "ES una situación casi kafkiana", han manifestado.
Igualmente califica de no menos preocupante y sorprendente la "total pasividad" de distintos organismos y, especialmente, de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) que "una vez demuestra la falta de medios y preocupación para garantizar algo tan esencial en la aviación como es la seguridad".
Finalmente, el sindicato ha indicado que está barajando la posibilidad de ir a la huelga en junio --cuando comienza la campaña de incendios-- si se siguen produciendo esta situación, en el marco de su compromiso para proteger los derechos de los trabajadores.