Este nuevo fallo va en la línea de otro a favor de la Universidad de Salamanca (USAL) a recibir la devolución de más de 3,1 millones de euros correspondientes al IVA de los ejercicios entre los años 2002 y 2004.
Las partes debatían qué porcentaje de las cuotas soportado en los proyectos de investigación básica podía ser deducido. Mientras la USAL sostenía que debía ser del cien por cien, la administración tributaria entendía que solo lo podía ser en parte, dado que la vinculaba con la enseñanza y la separaba de la investigación aplicada.
En dicha sentencia, a la que alude el propio Supremo para abordar el caso de la USC, la sala consideraba que no podía entenderse esa vinculación entre investigación y enseñanza "por el hecho de que exista coincidencia en muchas ocasiones entre el personal docente y el personal investigador".
Por otro lado, "no cabe concluir que los resultados obtenidos en materia de investigación básica que puedan utilizarse para la investigación aplicada, se utilicen en el sector de la enseñanza", dado que "no existe esa vinculación automática" entre ambas ni bastaría para establecer "la relación jurídica que extrae la Administración".
"Presumir, en el marco legislativo aplicable, que las adquisiciones de bienes y servicios inicialmente destinados o afectos sólo a la investigación básica, pueden por su naturaleza y características estar afectos y ser utilizados en las otras actividades universitarias, en concreto en la enseñanza, no resulta admisible".