En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, Alonso ha expresado la "gran satisfacción" que para la Junta supone esta resolución del TC, que aún no ha sido notificada de forma oficial a la Administración autonómica, pero que "lo que hace es avalar lo que desde el principio manteníamos acerca de que la selección pública de medicamentos era constitucional y no invadía en ningún caso competencias del Estado".
En ese sentido, cabe recordar que el recurso presentado por el Gobierno central consideraba que la regulación andaluza vulneraba las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.
Según el Ejecutivo central, el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecían un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable, además, a partir de esa premisa, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
Meses después de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de la Nación, el TC decidió en julio levantar la suspensión cautelar contra el decreto ley de la Junta que regulaba la subasta pública de medicamentos en Andalucía.
En total, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha convocado diez procesos de selección pública de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de la comunidad. La última apareció publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 7 de noviembre para 194 principios activos diferentes.
Desde su implantación en junio de 2012 hasta la fecha, se ha producido, gracias a las diez convocatorias de selección pública de medicamentos, un ahorro acumulado de alrededor de 413 millones de euros, según ha informado la Junta.