Sin embargo, ha asegurado que en ese encuentro "solo" se acordó que la Abogacía del Estado realizase un informe que finalmente concluyó que los daños debían ser "responsabilidad compartida" entre la Administración y la empresa privada.
En declaraciones a los medios tras inaugurar el IX Congreso federal de UPA, en la sede de UGT, la ministra en funciones ha defendido las actuaciones que ha emprendido desde que tuvo conocimiento de la investigación de la Guardia Civil, por presuntas compensaciones ilegales de ACUAMED a FCC.
Además, ha aclarado que las "pretensiones" de la empresa "no han sido atendidas" y que aún no se ha cerrado la liquidación de la desaladora. "No está atendida la reclamación de la empresa, ni siquiera se ha liquidado la obra por parte de Acuamed", ha insistido.
De momento, ha defendido que en lo que en su mano está ha sido no dudar y ser "totalmente inflexible", por lo que el director general de Acuamed no duró ni 24 horas en el cargo", igual que la directora de ingeniería, cuyos ceses fueron acordados al día siguiente de conocerse la investigación en un consejo de administración extraordinario que Tejerina solicitó que se convocara con carácter urgente.
Asimismo, ha añadido que se ha pedido a la Abogacía del Estado que se persone en la causa porque asegura que el Ministerio es "el más interesado en esclarecer absolutamente todo".
Por ello, ha indicado que se ha puesto en marcha "todas las actuaciones" para conocer lo ocurrido y lo que se ha hecho con esa empresa. En concreto, ha señalado que este lunes, en otro Consejo de Administración ordinario, se acordó la contratación de una auditoría técnica externa que revise el funcionamiento de la empresa desde sus orígenes, desde 2004, "para ver todo lo que ha sucedido".
En palabras de la ministra, "no solo hay que dejar actuar a la justicia sino colaborar con la justicia" y considera que desde el Ministerio se puede hacer con los medios externos disponibles para esclarecer "absolutamente todo".
De este modo, ha precisado que se ha creado un grupo de trabajo, que vigile y coordine estos trabajos de esta auditoría externa y que, a la luz del auto, ha solicitado al Subsecretario que ponga a la inspección de servicios a revisar "toda contratación" que se haya hecho por el Ministerio, sea directa, a través de una UTE o por un organismo autónomo, por una empresa pública de tutela del ministerio y "todas las contrataciones con la empresa a la que alude el auto (FCC)".
"Creo que con la más mínima irregularidad hay que ser absolutamente inmisericorde y absolutamente inflexible y tenemos que tratar de esclarecer. Por eso nos personamos y todas las actuaciones para revisar todo donde podamos detectar la más mínima irregularidad para no solo dejar hacer a la justicia sino colaborar", ha sentenciado.
LA REUNIÓN
García Tejerina ha explicado que la reunión entre FCC se "agendó" por el Gabinete del Ministerio "como se agendan tantas reuniones de tantas empresas que consideran que tienen una problema con la Administración" y que a esa cita asistió un abogado del Estado. En el encuentro, FCC reclamó el 100 por 100 de los daños de la desaladora --que se inundó--.
Ante esta situación, se solicitó a la Abogacía del Estado que elaborara un informe que, finalmente concluyó que la responsabilidad para solventar la reclamación era "compartida" entre las partes.
Finalmente, Tejerina cree que es "importante dejar claro" que esa desaladora no se ha cerrado la liquidación ni se ha atendido a la reclamación. "Es decir las pretensiones de la empresa privada no han sido atendidas", ha insistido.