Este grupo, con profesores, personal administrativo y de servicios y personal de contratas de la Universidad Complutense de Madrid además de un padre de una alumna detenida hoy, han señalado en un comunicado que "no es la primera vez" que entran los antidisturbios en la universidad y que en menos de dos años se han producido cinco intervenciones autorizadas por el rector.
"En todas ellas se han producido detenciones", han señalado, criticando que se ha transmitido la "imagen de estudiantes violentos que impiden el normal funcionamiento de la universidad". "Nos parece intolerable que la UCM fomente esta imagen de caos y violencia", han apuntado.
Según este grupo, los estudiantes encerrados en el Vicerrectorado de alumnos "estaban dando continuidad a la lucha pacífica que emprendieron en mayo del año pasado ocupando el Rectorado". "Los estudiantes de la UCM trataban de reivindicar que el rector, José Carrillo, cumpliera su promesa de crear un fondo de becas de emergencia, así como abrir una hoja de ruta de negociaciones para paliar la expulsión constante de estudiantes que no pueden pagar las tasas universitarias", han dicho.
Por eso, en su opinión, el "recurso a las fuerzas antidisturbios" para desalojar el Vicerrectorado es un "reflejo de la incapacidad de las autoridades académicas para el diálogo y la negociación con los estudiantes". "Estamos convencidos de que el futuro de nuestra universidad pública depende de nuestra capacidad para asumir y solidarizarnos con las reivindicaciones de nuestros estudiantes", han añadido.
Así, exigen que el Rectorado se interese por los estudiantes detenidos y se comprometa a no presentar cargos, ya que, según les informó el mando policial, "no hubo ningún tipo de resistencia ni violencia por parte de los estudiantes ante el desalojo". "Solicitamos que el Rectorado se comprometa a abrir una negociación con los estudiantes asumiendo una actitud de solidaridad y compromiso con sus justas reivindicaciones", han insistido.
Por su parte, se solidarizan y apoyan las reivindicaciones de los estudiantes como la reducción de las tasas universitarias hasta el nivel del año 2010, que se ajuste el umbral de renta para la concesión de becas a cada caso particular y que no se expulse por motivos económicos a ningún estudiante.
También piden que se articule un plan de rescate de los alumnos expulsados o pendientes de expulsión, con plazos concretos y asignación presupuestaria, que se agilicen los plazos de tramitación de becas, que se recuperen las becas de maternidad, Séneca y de movilidad, que haya "transparencia" en relación al fondo de becas y al presupuesto universitario y que "se aumente el presupuesto de becas de la UCM hasta el nivel que impida la expulsión por motivos económicos".
Los firmantes del comunicado son Ángeles Diez (Dra. Ciencias Políticas y Sociología, profesora UCM); Victor Alonso Rocafort (Dr. en Ciencias Económicas, profesor UCM), Pedro López López (Dr. en Ciencias de la documentación, profesor de la UCM), Inmaculada Vellosillo González (Dra. Documentación, profesora de la UCM) y Marta Piñeiro Gil (Secretaria Administrativa, personal de la UCM).
Completan la lista Romy Arce Legua (Bibliotecaria, personal de la UCM), Jose Manuel Kindelan (Psicólogo, padre de alumna detenida), José Angel Lázaro Tello (personal limpieza UCM - contrata externa), Ana Isabel Castejón Elvira (personal limpieza ucm-contrata externa); Pilar Montero (Secretaria Administrativa, personal de la UCM), Carmen Romero Bachiller (Dra. en sociología, profesora de la UCM), Elena Casado Aparicio (Dra. En sociología, profesora de la UCM) y Bibiana Medialdea (dra. En economía, profesora de la UCM)