La organización denuncia que la ley simplifica trámites administrativos para la explotación forestal y suprime la obligación de contar con instrumentos de gestión en montes que no han sido catalogados, lo que implica debilitar las garantías de aprovechamientos forestales basados en la correcta ordenación y planificación forestal.
En su opinión, asegurar la gestión sostenible de los montes favorece la conservación de la biodiversidad así como la creación de empleo y el desarrollo del medio rural.
Respecto a la figura de los Agentes Forestales, aunque el texto aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso recupera la condición de funcionario público para estos profesionales, critica que se limite su capacidad de actuación en el ejercicio de las funciones de policía judicial genérica, subordinando el papel de los agentes forestales al de auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En ese sentido, denuncian que esa limitación reduce sensiblemente la capacidad de los agentes en la práctica de investigaciones, denuncia y esclarecimiento de delitos ambientales, lo que supone una mayor desprotección del medio natural e ineficiencia de recursos públicos, puesto que el colectivo de agentes forestales está especializado y capacitado para realizar estas funciones en colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el régimen de subordinación que la nueva ley pretende.
Finalmente, advierte de que la nueva Ley de Montes invade competencias autonómicas al tratar de armonizar y regular a nivel nacional en aspectos relacionados con la caza y pesca, cuestiones que no tiene sentido regular en una ley forestal.