Iba a ser una urbanización de lujo, pero no tiene ascensores, piscina, ni luz o agua en las zonas comunes. Se trata del Mirador de Monte Pedrera, una urbanización de viviendas próxima al mar y al monto Mongó, en Denia (Alicante). Los 11 vecinos "legales" denuncian agresiones, insultos y amenazas de muerte de los okupas que habitan en las 23 de las 46 viviendas de la urbanización. También se quejan del ruido y la suciedad de los okupas.
Unos propietarios ingleses muestran los excrementos que los okupas han dejado en sus plazas de garaje o el audio de una discusión en la que se escucha a una okupa increparles. "Esto es la guerra, hijos de p***". También muestran las fotos del palo con el que supuestamente los okupas partieron el brazo a un vigilante que contrataron. Cuentan que pagaron 270.000 euros por una vivienda. "En Inglaterra, la policía puede detener inmediatamente a los okupas que entran en la casa y usan el agua y la luz bajo por el delito de robo".
Mientras los vecinos piden soluciones, la promotora y el banco no se terminan de poner de acuerdo con la responsabilidad de lo que sucede en estas viviendas.
La otra parte de la historia tiene una versión muy distinta de lo que ocurre. Las familias que viven de forma ilegal aseguran que no tienen la culpa de lo que allí sucede y algunos se defienden asegurando que les quieren echar de allí porque son gitanos. "Yo quiero pagar un alquiler, pero nos tienen discriminados", dice uno de los okupas. También aseguran que han pedido alquileres sociales en otra zona y que el ayuntamiento no les ha propuesto nada. Se ofrecen, incluso, a pagar la electricidad y el agua, pero al no tener contratos no pueden hacerlo.
Ana Rosa Quintana y sus colaboradores han hablado con los okupas del Mirador de Monte Pedrera. "Yo no me niego a pagar, pero siempre que esté en unas condiciones que podamos vivir. Mi marido puede ganar al mes 700 o 750 euros. Con eso no podemos pagar el alquiler, la luz, el agua, la gasolina y los gastos de tres hijos", ha comentado una de las okupas. "Pues mucha gente lo hace con un salario mínimo, que ahora son 900 euros", ha respondido Ana Rosa.
"Lo que me llama la atención de todo esto es cómo hay determinadas personas que entienden que por el hecho de haber nacido, el Estado tiene que mantenerlos y a todos los hijos que quieran tener. Es como un derecho por haber nacido. Es un problema muy serio", ha añadido la presentadora.