El dueño de la finca donde murió Julen declarará investigado por homicidio imprudente

David Serrano se defendió antes de ser formalmente investigado por el homicidio imprudente. Y lloroso explicó que no se lo perdonaría jamás y que no vio el peligro. Sus palabras no eran casuales, estaban escogidas. Porque se enfrenta a un delito que conlleva pena de cárcel y responsabilidad civil, indemnizaciones y el pago del rescate; cerca de 4 millones de euros. Él habló del peligro que no vio porque en la imprudencia ser consciente o no, influye. El delito tiene grados y busca la pena más baja. Sin embargo, en derecho hay una cuestión importante: “la previsibilidad objetiva”, y el dueño de la finca tenía que haber previsto el peligro porque la normativa obliga a sellar las prospecciones precisamente porque dejarlas abiertas es temerario. Su abogado explicaba hoy que tenían claro que le iban a imputar y por eso dieron la rueda de prensa. Pero pretendían que hubiera al menos corresponsabilidad y les sorprende que al pocero no le hayan llamado como investigado y solo vaya de testigo.

Responsabilizan a Antonio Sánchez, el pocero, de no haber pedido los papeles para legalizar la cata, cuando en realidad es el dueño de la finca el que debe pedir los permisos, y el pocero verificar que todo está en regla. Ninguno de los dos lo hizo bien y podrían ser corresponsables en otra discusión, la administrativa, que conlleva multa. Pero lo que se juegan en la causa penal es mayor, y los abogados de Serrano intentan romper la causalidad entre el pozo abierto y la caída de Julen. Pretenden dirigir las miradas al pocero argumentando que el riesgo lo creó Antonio Sánchez al dejar el agujero abierto. El pocero asegura que lo selló con una piedra de 15 kilos y así lo ha declarado. Incluso ha aportado pruebas. Y la mejor prueba es otra cata que hizo a la vez en el terreno, muy cerca, y que está perfectamente sellada.

El maquinista que removió el terreno por encargo del dueño de la finca también declarará como testigo. Su declaración también es importante porque vio el agujero abierto y a David Serrano taparlo con el pie; claramente la piedra que puso no era de 15 kilos. En esa rueda de prensa para ponerse la venda antes que la herida, el dueño de la finca llegó a asumir que era consciente del peligro porque advirtió a la familia de Julen, pero les dijo que había puesto unos bloques de hormigón que luego el padre del pequeño vio desplazados. Los argumentos de Serrano son discutibles porque llegó a decir que el niño se escurrió entre los bloques. Y Julen nunca podría haber movido semejantes piedras, ni escurriéndose por la pequeña pendiente podría haberlos desplazado con sus pequeñas piernas.

El fiscal asegura en su escrito que tras la investigación y la toma de declaraciones se pueden establecer ya hipótesis de lo acontecido en la finca esa mañana cuando Julen cayó al pozo. Por eso considera que el dueño de la finca debe responder como investigado, figura actual del imputado, para que declare con su abogado por el homicidio imprudente. Y cita a numerosos testigos, desde los senderistas que se encontraron con la escena de tensión de la familia intentando sacar a Julen y llamaron a los servicios de emergencia, pasando por los padres del niño, la tía, los primeros guardias civiles que llegaron o el maquinista que preparó el terreno para una obra y el pocero. La juez ha hecho un auto razonando por qué comienzan ya las declaraciones el próximo 22 de febrero, cuando ya ha recibido todos los informes que faltaban, la autopsia definitiva y el análisis de la tierra del tapón del pozo que confirma que en la caída de Julen no hay otros misterios. Fue un accidente por la negligencia al dejar el pozo abierto.