El Gobierno unifica los fondos de garantía para afrontar pérdidas en las cajas

El Gobierno ha aprobado el real decreto ley que unifica los tres fondos de garantía de depósitos existentes, de bancos, cajas y cooperativas de crédito, en uno solo para que absorba las eventuales pérdidas futuras del sector financiero.

"Los costes por el saneamiento del sistema financiero serán asumidos por el propio sector y no recaerán en los contribuyentes ni incidirán en el déficit público", aseguró la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La intención del Gobierno es que, una vez acometida la recapitalización del sector financiero, las posibles pérdidas futuras que pudieran aparecer en el proceso de reestructuración ni se trasladen al contribuyente ni aumenten el déficit.

"La reestructuración no sólo beneficia al subsector de cajas, sino al sistema financiero en su conjunto", argumentó, para después confirmar que el patrimonio inicial del fondo de garantía único será de 6.593 millones de euros.

A partir de ahora, este único Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutrirá de las aportaciones de las entidades financieras, va a proveer al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante las pérdidas netas potenciales que puedan acontecer en el proceso de reestructuración, como pudiera ser el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Salgado esgrimió que esta unificación de fondos acompaña a la transformación del sector, pues más del 97% de la actividad financiera de las cajas de ahorro se llevará a cabo a partir de ahora por los bancos. "Los fondos de garantía de bancos y cajas perdían mucho sentido", justificó.

El pasado 30 de septiembre concluía el plazo impuesto por el Gobierno para completar el proceso de reestructuración financiera. El sector de las cajas ha pasado de 45 a 15 entidades, con lo que ha aumentado su tamaño medio de 28.504 millones de euros a 85.512 millones.

El real decreto aprobado por el Ejecutivo mantiene la garantía de recuperación por parte de los clientes de depósitos, por valor de hasta 100.000 euros por impositor y entidad. Esta garantía se incluirá ahora en una norma con rango de ley, mientras que antes estaba en contemplado en un real decreto.