Pedro Sánchez ve margen para subir los impuestos... pero no a los trabajadores o clase media

Mantener unas cuentas públicas saneadas es la mejor manera de defender el Estado de bienestar, según ha indicado este miércoles el Ministerio de Hacienda, señalando que ve margen para incrementar la aportación tributaria de grandes corporaciones y sectores que actualmente escapan de su control, aunque ha advertido de que el aumento de la recaudación debe hacerse sin perjudicar a la calase media y trabajadora.

"Hay que elevar la recaudación tributaria, pero sin perjudicar a la clase media y trabajadora", ha señalado el Ministerio de Hacienda en respuesta a las exigencias "antiausteridad" planteadas por Unidos Podemos como condición para brindar su apoyo a los objetivos de la senda de déficit.

En este sentido, Hacienda apunta que "hay margen para elevar la aportación tributaria de las grandes corporaciones y de sectores que hoy se escapan del radar de Hacienda", añadiendo que es necesario plantear una fiscalidad del siglo XXI que haga frente a los retos de la globalización y que proteja el medio ambiente.

"Se puede elevar la recaudación sin afectar a la clase media, a las pymes o los autónomos", sostiene el Ministerio, advirtiendo, sin embargo, de que renunciar a la estabilidad presupuestaria "pondría en riesgo el Estado de bienestar".

Así, señala que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 son una oportunidad perfecta para demostrar que es posible conjugar las políticas sociales con el crecimiento económico y la reducción del déficit público.

Podemos pone sus condiciones

El Gobierno no habla por hablar, es consciente de que el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea reclama una subida de impuestos a las rentas más altas y a las empresas, entre otras imposiciones, así como una renegociación del objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8% para 2019, para "siquiera plantearse" dar luz verde a la senda de déficit que presente el Ejecutivo en el mes de septiembre y que es la antesala a los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

El documento, titulado 'Dejar atrás la austeridad', defiende que una mejora del sistema tributario pasa por "que los que más tienen contribuyan con una mayor generosidad" al sostenimiento de los servicios públicos, convergiendo a niveles de ingresos homologables con Europa y reduciendo la desigualad. Y pide también el impuesto a la banca, del que el presidente no estaba tan seguro hace unas fechas.

Unidos Podemos reclama también una reforma del Impuesto de Sociedades que establezca un suelo no deducible en el 15% y un impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y la eliminación de las sicavs.

Asimismo, la formación reclama la eliminación de las deducciones fiscales en los planes de pensiones privados en el IRPF, un incremento en el tipo marginal del IRPF en los tramos más altos, garantizando que no haya ninguna subida de impuestos para las personas asalariadas que ganen menos de 60.000 euros brutos anuales, y una 'fiscalidad verde' en la que "quien contamina, paga" y que garantice que no se aumente la carga impositiva a las personas trabajadoras.

Unidos Podemos también exige derogar el Real Decreto Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que supuso "un durísimo varapalo a los derechos laborales" de los trabajadores españoles, y ha apostado por, en lugar de establecer un techo gasto, aprobar "un suelo de ingresos".

Por otro lado, Podemos ha apuntado que el déficit de la Seguridad Social fue provocado por "la falta de ingresos derivados de la crisis" y ha recordado que el gasto en España "es menor que en muchos países de la UE".

Para incrementar los ingresos y "cubrir" el déficit, pide la anticipación en el calendario del salario mínimo interprofesional pactado con sindicatos (debería ascender a mil euros), la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que los autónomos coticen "en proporción a los ingresos percibidos" y se eliminen las tarifas planas, la lucha contra el fraude en las cotizaciones, el destope de la base máxima de cotización, la eliminación de las bonificaciones y reducciones a la cuota de la Seguridad Social a las empresas y la modificación de la Ley general de la Seguridad Social para que el sistema se financie con cargo a los PGE.

Entre otras medidas, Unidos Podemos también ha exigido la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), una "relajación" por parte del Ministerio de Hacienda a la hora de interpretar la regla de gasto a la que están sujetos los Ayuntamientos, la supresión de las restricciones a las tasas de reposición de trabajadores municipales a los Ayuntamientos que no tengan déficit y cuenten con menos del 75% de ratio de deuda y la compensación de los efectos sobre la recaudación municipal del impuesto de plusvalías.

La formación ha advertido de que el Gobierno debe mostrar "una voluntad real" para acabar con el "dogmatismo austeritario" y adoptar la mayoría de estas medidas para que el grupo parlamentario "pueda siquiera plantearse la posibilidad de aprobar la senda de déficit", como paso previo a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó en julio el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que iban acompañados del límite de gasto no financiero para 2019, conocido como 'techo de gasto', una votación en la que Unidos Podemos, Compromís, ERC y PDeCAT se abstuvieron. En septiembre tendrá lugar un nuevo debate.

"Defendemos que el debate tiene que centrarse en las necesidades de los ciudadanos y que es hora de que la recuperación llegue a las familias. Allí nos podremos encontrar con Podemos", añade.

Sin embargo, el Ministerio considera que "tan dogmático" es pedir que España no se aproveche del margen de déficit como sostienen los conservadores, como condicionar el voto a presentar una propuesta que no cumpla con los compromisos europeos, advirtiendo de que "los dos caminos llevan al mismo sitio: a 5.000 millones menos para la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones".