Foco del coronavirus en España: Casi 15.000 ancianos mueren en las residencias
Seis comunidades autónomas no han facilitado los datos a Sanidad
En los centros de Madrid se concentran la mayoría de los fallecidos con 6.000 muertos
Las residencias de mayores se han convertido en el foco del coronavirus en España. Las cifras de ancianos fallecidos que roza los 15.000 es abrumadora sin que estén contabilizados las muertes en los hospitales. Madrid con 6.000 muertos se lleva la peor parte de este drama que apunta al olvido y la negligencia con nuestros mayores.
Lo ocurrido ha obligado a la apertura de casi un centenar de investigaciones penales a residencias de todo el país. Madrid es la comunidad que acumula más diligencias a centros de mayores por la gestión de la pandemia del coronavirus, con 40 investigaciones, le sigue Cataluña, con 20, según datos de la Fiscalía General del Estado.
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Un total de 14.908 mayores han muerto en toda España, pero son 44.000 los contagiados, lo que supone que están infectados más del 12% de los 360.000 ancianos que residían en geriátricos en nuestro país antes de la pandemia de COVID-19.
Sanidad no ha publicado los datos precisos de los residentes en centros de mayores porque seis comunidades Autónomas, se han retrasado en la entrega de datos, pero incluso estas cifras no revelan el horror global del asunto porque no incluye los fallecidos por coronavirus que fueron trasladados a hospitales, solo los que murieron en las residencias.
La Comunidad de Madrid tiene las peores cifras con más de 5.500 ancianos, de los que apenas 1.000 son casos positivos confirmados. El resto fallecieron con síntomas compatibles con el COVID-19, aunque no se les realizaron las pruebas. Le sigue Cataluña, con casi 2.500 ancianos muertos. No obstante, la Generalitat cambió la forma de contabilizar los fallecidos por lo que pudieran ser más.
Desde el inicio de la pandemia el fiscal delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores han realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores, según la nota de prensa difundida por la Fiscalía General.