Rebajan 4 años la condena a un joven por abusar sexualmente de una menor en Valencia

El Tribunal Supremo ha rebajado de 12 a 8 años la condena a un hombre por abusar sexualmente de una menor en un municipio de Valencia al calificar los hechos como abuso y no como agresión sexual porque los magistrados entienden que no hubo violencia ni intimidación, sino que la relación fue consentida.

La Sala de lo Penal ha dictado una sentencia que estima parcialmente el recurso del condenado contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que ratificó aquella de la Audiencia de Valencia por un delito de agresión sexual, pero que ahora el alto tribunal rebaja a abuso sexual.

El ordenamiento jurídico español fija en 16 años la edad del consentimiento sexual, pero en este caso la menor tenía solo 14 años, con lo que el acusado cometió un delito de abuso. La ley del solo sí es sí que ayer jueves aprobó el Congreso y que ahora será tramitada en el Senado suprime la diferencia entre ambos tipos delictivos, con lo que en el futuro ese tipo de comportamientos serán castigados como agresiones sexuales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de febrero de 2020. El condenado, que tenia entonces 19 años, accedió a la habitación donde estaba la menor con un amigo y tras pedirle a este que saliera, cerró la puerta colocando una silla para impedir el acceso desde el exterior y mantuvo relaciones sexuales con la joven.

Dice la sentencia que el condenado tenía mermadas sus facultades por el alcohol, por lo que se le aplica la atenuante de embriaguez. En su recurso, el condenado defiende que medió consentimiento, si bien la sentencia de instancia señala que el acusado se valió de violencia e intimidación para obligarla a mantener esa relación.

Y el Supremo señala que ha detectado "alguna fisura en el proceso valorativo de la prueba" realizado por la sentencia de la Audiencia y del TSJV y que pudiera haber sido fundamental, por su eventual relevancia, hasta el punto de llegar a dar lugar a un pronunciamiento distinto y más favorable al acusado.

Por ejemplo, cita que un guardia civil manifestó que la menor les dijo que "le estábamos jodiendo la noche", lo que reiteró otro de los agentes, reacción que no parece que encaje muy bien con la situación que esté padeciendo una joven de 14 años a cuyo rescate acude la policía porque está siendo objeto de una agresión.

Los magistrados detectan otra omisión en la sentencia cuando una amiga manifestó, refiriéndose a la víctima, que "ella estaba en un banco con unos chicos y ella se estaba besando con uno de ellos, pero…, o sea, se besaba con uno pero se besaba con los dos".

Si resulta que esos dos chicos son los mismos que se fueron con ella al piso donde suceden los hechos, más compatible con ello parece que la relación que con cualquiera de ellos mantuviera en él fuera consentida, precisan los magistrados.

Dice el Supremo que con "la absoluta omisión a los anteriores elementos de descargo", la Audiencia y el TSJ "han dejado de atender alegaciones del recurrente de relevancia".

Añade que la prueba es "insuficiente", en lo que respecta a dar por acreditado que mediara algún tipo de fuerza o intimidación por parte del condenado en la relación sexual que mantuvo con la menor, de manera que la prueba practicada hasta donde permite llegar es que el condenado mantuvo una relación sexual consentida con la menor, y estos hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual.

El Supremo no solo reduce la pena de cárcel, sino que también rebaja de diez a cinco la prohibición de aproximación a la menor y de comunicación con ella, la de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores y la de libertad vigilada, aunque mantiene la indemnización a la víctima de 20.000 euros. 

El cambio a la condena del acusado llega tan solo un día después de la ley del solo sí es sí. Esta medida registrada por el ministerio de Igualdad avanza hacia el Senado después de que este jueves la mayoría del Pleno del Congreso haya mostrado su apoyo a la norma, que, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será de los derechos más importantes "que podamos dejar a nuestras hijas".

La ley, que ha sufrido cambios durante su tramitación en la Cámara Baja, mantiene la modificación del Código Penal para eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual, hace del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantiza una atención integral a las víctimas. Se pone fin a la distinción entre abuso y agresión sexual con una reforma del Código Penal que pasará a considerar violación todos los actos sexuales no consentidos por la víctima, que serán castigados con diferentes tipos de penas en función de la gravedad y de las circunstancias. Hasta ahora la distinción se determinaba en función de si concurrían episodios de violencia o intimidación. Cambiar esto era una reivindicación del movimiento feminista.

Además, con las enmiendas incorporadas considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución, reconoce el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

También el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y blindad la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el Gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.