Una jueza ordena la destrucción de toda la carne producida por Magrudis
Se estima que podrían llegar a los 6.000 kilogramos de carne
La jueza del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado la destrucción de la carne intervenida desde el pasado mes de agosto a Magrudis. La magistrada mantiene abierta la investigación de las causas por el brote de listeriosis producido este verano por el que hay más de 200 afectados, entre ellos tres fallecidos.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, se estima que podría alcanzar los 6.000 kilogramos, destrucción que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento de Sevilla.
La jueza ha decidido incluir en el procedimiento como acusación particular a la Junta de Andalucía tras la presentación por parte de la Administración autonómica de una querella contra la empresa Magrudis, con sede en Sevilla.
Las defensas del gerente y del administrador único de Magrudis, José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez, detenidos la pasada semana han recurrido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza dictado por la magistrada al considerar que no existen riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Ahora, el Juzgado dará traslado a la Fiscalía y a las partes personadas para que se pronuncien sobre los recursos presentados, que son de reforma y subsidiarios de apelación ante la Audiencia Provincial, tras lo que resolverá los mismos.
La instructora tomó declaración a los tres detenidos y ordenó a petición de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de ellas, en concreto José Antonio Marín y su hijo Sandro, mientras que al tercero de los detenidos que pasó a disposición judicial, Mario Marín Rodríguez, hijo y hermano de los anteriores, lo dejó en libertad provisional con la obligación de comparecer en el Juzgado los días 11 y 25 de cada mes.
La magistrada considera que los dos detenidos que permanecen en prisión, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave.