Renovado el acuerdo internacional para frenar la contaminación en la Antártida

El compromiso se logró durante la reunión anual del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP, por su sigla en inglés) al cabo de cuatro días de deliberaciones en Buenos Aires.

Las partes resolvieron coordinar políticas que incluyen la creación de áreas de protección del ecosistema y un mayor control para impedir incumplimientos de normas ecológicas y de seguridad.

Una de las principales preocupaciones del comité es la "conducta negligente" de turistas que visitan la Antártida en pequeños buques que están fuera de los registros de la agencia internacional que regula esa actividad.

"No queremos limitar la presencia de turistas en la Antártida pero sí vigilar mejor sus actividades para que respeten las normas ambientales", apuntó a Efe Mariano Mémolli, delegado argentino en la reunión de Buenos Aires.

Mémolli calculó que unos 40.000 turistas visitan anualmente el "continente blanco" y buena parte de ellos viaja en barcos que no están avalados por la agencia internacional de turismo en la Antártida.

"Muchos de los turistas independientes están fuera de control. Acceden a las áreas de pingüinos, lo que incrementa su mortalidad, arrojan basura e incluso roban elementos históricos", se lamentó.

En este sentido, se analizó la implantación de medidas que limiten este tipo de turismo y sancionen las acciones negligentes, aunque los países del Tratado Antártico carecen actualmente de las "herramientas jurídicas necesarias" para limitar y controlar al turismo independiente.

Mémolli explicó que buques turísticos no registrados viajan hacia la Antártida desde puertos de países que no son parte del tratado, que entró en vigor en 1961 y cuenta actualmente con 48 signatarios, entre miembros consultivos (plenos) y adherentes.

Estos 48 países llevan adelante programas de investigación científica ya sea por medio de bases propias o en cooperación con otros y resulta imposible llevar un recuento de la cantidad de residuos que generan sus actividades, apuntaron otras fuentes del COMNAP.

Los portavoces señalaron que en la reunión de Buenos Aires también hubo mucha preocupación por los pequeños o grandes derrames de combustible que pueden ocasionar los barcos que navegan por la zona antártica.

El último accidente grave ocurrió en 2007 con el naufragio del crucero "Explorer", que estaba registrado en la agencia internacional de turismo antártico cuando naufragó cerca de las islas Shetland del Sur con 185.000 litros de gasóleo a bordo.

Episodios como el del "Explorer" han disparado en los últimos años la investigación para desarrollar microorganismos que reduzcan la presencia de hidrocarburos, una de las materias pendientes entre los países con intereses en el continente.

Algunas de estas investigaciones se presentaron durante la reunión bienal que celebró paralelamente en Buenos Aires el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) con la presencia de un millar de expertos de 40 países.

Uno de los proyectos más destacados es el del investigador Walter McCormac, del Instituto Antártico Argentino, quien ha impulsado un estudio para alterar microorganismos terrestres que, tras agregarles nutrientes, consiguen eliminar hasta un 85 por ciento de los restos de petróleo en superficies con temperaturas muy bajas, como la Antártida.

Los representantes del COMNAP se comprometieron también a aumentar la cooperación entre los países del Tratado Antártico en materia de investigación científica, especialmente en el estudio del avance del cambio climático.

Los glaciares antárticos pierden actualmente unas 5.000 millones de toneladas de hielo al año, indicó Mémolli.

Los delegados internacionales acordaron además mejorar la comunicación entre las distintas bases científicas antárticas, así como desarrollar el uso de energías alternativas e impulsar proyectos educativos y culturales.

Reino Unido, España, EE.UU., Rusia, Australia, Argentina y Brasil son algunos de los 28 miembros consultivos del Tratado Antártico, un convenio que regula aspectos sobre la libertad de investigación, defensa medioambiental, no proliferación nuclear y preservación pacífica de la Antártida.