Detenidas 70 personas por defraudar 330.000 euros en prestaciones agrarias en Huelva
Cobro indebido de prestaciones generadas en España como trabajadores de temporada en el sector agrario
En su mayoría los detenidos e imputados son de países del Este de Europa
Los estafadores volvían a sus países mientras seguían cobrando
La Policía Nacional ha detenido en Huelva a setenta personas y ha imputado a otras 15, en su mayoría de países del Este de Europa, tras defraudar a la Seguridad Social 330.215 euros por el cobro indebido de prestaciones generadas en España como trabajadores de temporada en el sector agrario.
Lo han hecho en el marco de la segunda fase de la Operación DRAIN, desarrollada conjuntamente entre Policía Nacional de Huelva y el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) para combatir el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), tras la primera llevada a cabo en abril de 2024.
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Volvían a sus países mientras seguían cobrando
Estas personas, ha informado la Policía Nacional en un comunicado, procedían de la siguiente manera: una vez le concedían las prestaciones o subsidios por el Servicio Público de Empleo Estatal regresaban a sus lugares de origen sin comunicarlo a las autoridades españolas y permanecían en sus países cobrando indebidamente las ayudas que en su momento le fueron concedidas.
La legislación obliga a los perceptores de estas prestaciones a permanecer en España o si viajan a sus países han de comunicarlo interrumpiendo el cobro durante el periodo que se encuentran fuera.
En esta segunda fase se ha investigado a 338 personas, resultando 103 resoluciones administrativas condenatorias, pendiente aún de realizar la fase 3 de esta investigación.
Los beneficiarios de estas ayudas se encuentran actualmente en la obligación de devolver los importes cobrados indebidamente o en caso contrario se le denegarán futuras prestaciones o beneficios del sistema de Seguridad Social.
Desde el inicio de la presente investigación en su primera fase y hasta el cierre de esta segunda fase se ha investigado a 818 personas, de las que han resultado 171 resoluciones administrativas condenatorias, por las que se han practicado 124 detenciones, con un montante total del fraude detectado de 487.323,11 euros, habiendo sido ya reintegrados a las arcas públicas una parte sustancial de lo defraudado.
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