Concluye el macro juicio por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar tras cuatro meses
La Fiscalía no aprecia indicios de delito y mantiene su petición de absolución para los 16 acusados
Fiscalía pide la absolución de los acusados por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar: no halla indicios fundados de la perpetración de delito
El juicio por la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), a la empresa México-Minorbis, ha quedado visto para sentencia este martes, tras más de 40 sesiones e iniciarse el pasado 3 de marzo.
Un juicio en el que la Fiscalía, en su cierre, ha mantenido su petición de absolución para los acusados, tras unas conclusiones provisionales en las que ya apuntaba que no hallaba indicios fundados y suficientes de la perpetración de delito en esta causa.
Este macrojuicio ha sentado en el banquillo a 16 procesados, en su mayoría funcionarios y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del proceso, entre ellos el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, además de los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno.
Irregularidades en la adjudicación del concurso
La causa se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, que también optaba a la concesión de la mina, y que denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso.
La tramitación judicial sufrió una serie de incidencias, entre ellas dos intentos de archivo por parte de la juez instructora, Patricia Fernández, que fueron enmendados por la Sección Séptima de la Audiencia en sendos autos de los que fue ponente la magistrada Mercedes Alaya, y que ha concluido con mayores peticiones de delitos para los acusados.
Fernández acordó el 4 de noviembre de 2021 la apertura de juicio oral contra las 16 personas citadas, entre ellas, los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, además de los funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso.
Acusados por corrupción y delitos ambientales
A los acusados se les atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.
La acusación particular, ejercida por Emérita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, mientras que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental.
La sociedad Andalucía Mining, parte también de la acusación, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles "daños y perjuicios" ocasionados en 7.195.426 euros.
