Condenado el propietario de una vivienda por cortarle la luz y el agua a una anciana para echarla de la casa en Almería
El Tribunal de Roquetas de Mar, en Almería condena al dueño de la vivienda a pagar una multa de de 2.940 euros más las costas procesales
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El propietario de una vivienda ha sido condenado por un delito de coacciones después de comprar el inmueble en una subasta tras un embargo. El hombre cortó el suministro de luz y agua a la anterior dueña, de 88 años, para forzar su salida del inmueble. El Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, en Almería, lo condena a pagar una multa de de 2.940 euros, además del abono de las costas procesales.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ha sido dictada por el magistrado Claudio García Vidales, titular de la plaza número 5, es firme tras haberse alcanzado un acuerdo de conformidad después de que el acusado admitiera los hechos.
El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de 21 meses de multa, pero, al aplicarse la reducción legal de un tercio por la conformidad del encausado, la condena se ha fijado finalmente en 14 meses de multa, a razón de una cuota diaria de siete euros (un total de 2.940 euros), además del abono de las costas procesales, según la resolución judicial.
El acusado canceló, en julio de este año, los suministros guiado por el ánimo de que las ocupantes abandonaran la vivienda. El texto judicial detalla que en ese momento residían legítimamente en la casa, la anciana de 88 años y una segunda persona, porque todavía no se había producido el lanzamiento judicial tras el embargo.
El Tribunal alerta contra la malinterpretación de una sentencia del Supremo: personas embargadas no son 'okupas' ilegales
El procedimiento judicial, tramitado como diligencias urgentes, tuvo su origen en un atestado instruido por agentes del puesto de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.
Este fallo pone fin al caso que motivó una reciente advertencia pública del mismo juzgado. El magistrado alertó entonces de que algunos propietarios estaban malinterpretando una sentencia del Tribunal Supremo para aplicar medidas coercitivas contra personas embargadas o inquilinos con impagos circunstanciales, confundiéndolos con 'okupas' ilegales.
La anciana afectada había estado abonando la hipoteca del inmueble durante 25 años antes de sufrir el revés económico y, hasta el momento en que le cortaron los suministros básicos, venía cumpliendo puntualmente con el pago de los recibos de la luz y el agua. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de lo Penal correspondiente para la ejecución de la pena.
