El drama de Raquel, víctima de violencia de género, y su padre con cáncer y discapacidad, que afrontan un desahucio en Sevilla: "Mi casa soy yo"

Raquel tiene 49 años, trabaja como administrativa desde hace tres décadas y es víctima de violencia de género. Vive con su padre tiene que tiene 87 años, una discapacidad del 75%, un grado de dependencia severa y recibe tratamiento de quimioterapia debido a un mieloma múltiple en la médula osea.

Ambos viven en la casa que compraron los abuelos de Raquel y en la que pasó su infancia. Ella es víctima de violencia de género y ahora se enfrenta a otro de los episodios más duros de su vida: un desahucio que la amenaza a quedarse en la calle junto a su padre.

El desalojo está previsto para el próximo 10 de noviembre, a las 9:30 horas. La familia pide ayuda para tratar de impedir que se ejecute una medida que por sus circunstancias personales, familiares y sanitarias, tendría dicen, consecuencias especialmente graves.

Su expareja figura en las escrituras

El origen del conflicto se remonta a la compra de la vivienda familiar. La casa pertenecía a los abuelos de Raquel, que decidieron venderla cuando se hicieron mayores. Ella decidió adquirirla, pero su entonces pareja, con quien mantenía una relación desde los 16 años, insistió en que también figurase en la hipoteca y en las escrituras.

En 2017, tras 24 años de relación, Raquel puso fin a la convivencia. A partir de entonces comenzó un conflicto judicial por el uso y la titularidad de la vivienda. Durante el proceso de divorcio, aceptó un acuerdo para compartir la casa por periodos alternos de tres meses.

Sin embargo, él no residía habitualmente en la vivienda durante los periodos que le correspondían y cuando regresaba encontraba importantes destrozos en la casa y sus pertenencias. Desde que se mudó de casa hace alrededor de 10 años no se hace cargo de la hipoteca, ni de ningún gasto ligado a la vivienda, como el IBI o los suministros.

Varios intentos de desalojo

En 2019 se produjo un primer desalojo. La familia pudo regresar a la vivienda en abril de 2020, pero aquel proceso tuvo consecuencias especialmente dolorosas: la madre de Raquel, que padecía una enfermedad grave, terminó regresando a la casa para pasar allí sus últimos días.

Raquel recuerda las dificultades que atravesaron entonces para recuperar sus pertenencias y garantizar que su madre pudiera recibir los cuidados que necesitaba. La situación volvió a complicarse en 2022, cuando se inició un segundo procedimiento de desalojo.

Este quedó suspendido durante aproximadamente cuatro años debido a la existencia de un procedimiento penal relacionado con violencia de género contra su expareja. Sin embargo, el pasado mes de julio, el juzgado de Carmona decidió reactivar el procedimiento de desalojo al considerar que la causa penal ya no justificaba mantenerlo suspendido.

La decisión se produjo apenas diez minutos antes de una nueva vista del procedimiento penal. La familia recurrió la decisión, pero recibió posteriormente la notificación de una nueva fecha para ejecutar el desalojo, previsto para el 10 de noviembre.

Vícima de violencia de género

Raquel cuenta con acreditación de su condición de víctima de violencia de género y la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15 de Sevilla que impone una pena de dos años de prisión y una orden de alejamiento para su expareja durante cuatro años y medio.

A esta situación se suma la especial vulnerabilidad de su padre. Con 87 años, un 75% de discapacidad reconocida y dependencia severa, recibe tratamiento oncológico y necesita acudir al Hospital Virgen Macarena aproximadamente tres días por semana.

La vivienda en la que conviven está adaptada a sus necesidades y constituye un entorno fundamental para garantizar sus cuidados.

Ambos mantienen una relación de apoyo mutuo. Raquel se ocupa de su padre y él representa también un apoyo imprescindible para ella. Los servicios sociales de Carmona han elaborado un informe sobre la situación familiar que reconoce la doble vulnerabilidad de la unidad de convivencia, tanto por la situación sanitaria y de dependencia de su padre como por su condición de víctima de violencia de género de Raquel.

Buscando un alquiler

Encontrar una alternativa habitacional tampoco resulta sencillo. Raquel calcula que necesitarían alrededor de 4.000 euros para acceder a un alquiler de entre 750 y 800 euros mensuales, contando con los gastos iniciales, la fianza y los honorarios inmobiliarios.

Además, necesitan una vivienda adaptada, accesible y que permita mantener a los animales que conviven con ellos. Trasladarse a una localidad más alejada también supondría incrementar los desplazamientos al hospital y dificultaría mantener la red de apoyo que actualmente les ayuda con los cuidados de su padre.

La familia asegura haber intentado alcanzar una solución económica para evitar el conflicto, planteando incluso operaciones bancarias para adquirir la parte de la vivienda correspondiente a su expareja.

Sin embargo, según relata, estas negociaciones no llegaron a formalizarse ya que su exmarido no aparecía por la notaría a la hora de firmar para. suestamente, no cerrar la operación.

El miedo a marcharse

Para Raquel, perder esta vivienda supondría mucho más que abandonar un inmueble. Es la casa de sus abuelos, el lugar donde creció, donde vivió su madre y donde ha construido su vida.

Para ella, se trata de una vivienda que representa su seguridad, sus recuerdos y su vínculo con el campo y los animales. Desde el primer desalojo, buena parte de sus pertenencias permanecen guardadas en cajas ante el temor de tener que volver a marcharse.

A escasos días del 10 de noviembre, Raquel y su padre piden apoyo para visibilizar su situación y evitar que una mujer víctima de violencia de género y un hombre de 87 años, enfermo y dependiente, pierdan el hogar en el que viven. "Mi casa soy yo", resume Raquel al explicar lo que significa para ella conservar su hogar.